Ruta marcada. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha desestimado aplicar la ley de amnistía a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, a quién imputa los delitos de malversación y traición, junto con 11 personas más, en la supuesta injerencia rusa en el movimiento independentista catalán, según una resolución que ha avanzado este martes El Periódico y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Además, en un segundo auto el magistrado ya ha resuelto elevar los supuestos indicios contra Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases al Tribunal Supremo porque son aforados. Con todo, abre la puerta a que el alto tribunal asuma también la investigación del resto de 11 imputados, a los cuales el juez Aguirre sostiene que están "inescindiblemente unidos con la actuación  de los aforados, y a todos ellos les añade el delito de pertenecer a grupo criminal. Las defensas se han quejado de que el magistrado del caso Volhov tiene la causa retenida y no les da traslado del sumario. Ni tampoco de esta última resolución, y no eleva los recursos contra la nueva investigación a la Audiencia de Barcelona. Por ahora, se desconoce el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción en todo el que ha hecho el magistrado de Barcelona

Para sorpresa de todo el mundo, el juez Aguirre dictó una resolución el 21 de junio pasado, en la cual admitía que creaba la nueva pieza de la trama rusa porque la Audiencia de Barcelona le obligó a cerrar el caso Volhov hasta agosto de 2023 porque hizo una prórroga del caso sin nuevas diligencias pendientes de practicar.  En aquella resolución, el magistrado ya anunciaba que elevaría el caso al Supremo, una vez hubiera recogido los nuevos indicios. Solo ha tardado 14 días a hacerlo. Y es que la nueva pieza se alimenta del material del caso Volhov, en el que un tribunal superior le ha ordenado que lo archive o lo envíe a juicio. Ante tantas irregularidades y opacidad, Gonzalo Boye, abogado del president Puigdemont y también imputado en esta pieza, presentó una querella contra el juez Aguirre por prevaricación en el TSJC y también una segunda recusación. También lo ha hecho en nombre del director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, imputado en la causa de Volhov y ahora en la nueva pieza.

 

Reacción contraria a la del juez de Tsunami

La resolución del juez Aguirre llega al día siguiente que el magistrado Manuel García-Castellón haya acordado el archivo del caso Tsunami Democràtic, después del correctivo recibido por la Audiencia Nacional al invalidar gran parte de la investigación, hecho que deja Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg a un paso de ser liberados de la investigación por terrorismo al Supremo, como  los 10 investigados a la Audiencia Nacional.

Con esta actuación, el juez Aguirre ha copiado lo que hizo García-Castellón con la causa de Tsunami: elevó el caso al Supremo antes de que la Audiencia Nacional revisara los recursos en contra. Al final, pero, García-Castellón sí que ha hecho caso del órgano superior y ha archivado el caso por no haber prorrogado correctamente la investigación y que le hayan invalidado los últimos 3 años de investigación.

El inicio: la caída del gobierno del PP

En la exposición razonada al Supremo, de 82 páginas y con índice, el juez Aguirre vuelve a citar párrafos enteros de su resolución del 21 de junio pasado y hace valoraciones políticas. En concreto, sitúa el inicio de la injerencia rusa en el movimiento independentista catalán el 18 de mayo de 2018, cuando se dicta la sentencia de la Gürtel y el Gobierno del PP de Mariano Rajoy cae por una moción de censura del PSOE con el apoyo de los grupos independentistas, afirma el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona.

El magistrado Aguirre sostiene esta relación solo por el hecho que el 18 de mayo de 2018, la policía española, cumpliendo sus órdenes, practicó una veintena de registros en el caso Diputación de Barcelona, sobre supuestas subvenciones irregulares concedidas a entidades próximas a Convergència, como es la fundación Catmon, presididapor Víctor Terradellas, exresponsable de política exterior de CDC y el móvil del cual ha servido para rellenar la supuesta trama rusa del caso Volhov y ahora la nueva pieza, donde también es investigado Terradellas. El responsable de Catmon negó ante el juez que el president Puigdemont le hiciera ningún encargo con Rusia, pero reveló los nombres de los ciudadanos rusos que llevó a ver al president el día antes de la DUI en la Casa dels Canonges. Precisa que se ofrecía al president Puigdemont un sistema de criptomonedas para financiar la futura Catalunya independiente y apoyo militar, y que también conocería este plan el periodista Carles Porta, amigo de Puigdemont, por sus conversaciones con Terradellas, y ahora uno de los 13 imputados.

El magistrado añade que Terradellas fue relevado por Josep Lluís Alay en los contactos con dirigentes rusos, a pesar de que mezcla viajes a Rusia como periodista e historiador, además de uno como director de la oficina de Puigdemont.

 

Repite los errores sobre Mas y Madí

El juez Aguirre solo tiene de indicios contra  Artur Mas porque habría permitido los contactos de Terradellas con ciudadanos rusos, de los cuales se desconoce el vínculo real con el gobierno de Vladimir Putín, el 2017. Además, repite, en la exposición razonada, los errores detectados por la defensa del expresidente de la Generalitat, Jordi Pina, en la resolución de imputación, que ni ha corregido. 

En el recurso, Pina le recuerda que el president Mas abandonó cualquier condición de autoridad el mes de enero de 2016. El abogado también aclara que no es cierto, como afirma el magistrado, que David Madí fuera jefe de gabinete de Mas hasta al 27 de septiembre de 2015. "Nunca fue jefe de gabinete, sino portavoz y secretario ejecutivo de comunicación y estrategia de CDC", además, añade que Madí dejó el mundo de la política en 2010.

Y sin ningún indicio nuevo, el juez Aguirre sostiene que "Mas y Puigdemont lideraron y permitieron desarrollo de una política de contactos con elementos de injerencia rusa, a espaldas del Estado español".