Causa dormida. El Tribunal de Cuentas ha retrasado el juicio contra el juez Daniel de Alfonso, demandado por haber cobrado unos 206.000 euros en concepto de trienios y otros complementos salariales que no le correspondían de la Oficina Antifraude de Catalunya, cuando era director del 2011 al 2016. El tribunal ha descubierto que había dos procedimientos abiertos contra el magistrado por el mismo concepto, y ahora los ha unificado y ha vuelto a pedir a las partes sus escritos de reclamación y defensa. La previsión es hacer el juicio en el primer trimestre de 2025, según han informado fuentes del tribunal a ElNacional.cat.
La consejera de la sección 2.ª de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ya había hecho la vista previa al juicio en marzo de 2023 y ahora De Alfonso vuelve a ganar más tiempo para no hacer frente a esta reclamación. Desde Antifraude se sostiene que ya se alertó al Tribunal de Cuentas al menos hace más de cinco años que había esta duplicidad, que finalmente ha sido resuelta. La segunda demanda estaba en el Departamento 3 de Enjuiciamiento y el procedimiento se lo ha quedado la consejera del Departamento 2.º puesto que tiene la causa más antigua.
Cesado por conspirar contra Catalunya
Ahora, la Fiscalía y Antifraude reclamarán a De Alfonso que devuelva la misma cantidad, ya que las dos causas abiertas se basan en los mismos dos informes que aportó la Sindicatura de Cuentas: el 5/2018, sobre el ejercicio 2015, y el informe 20/2020 de los ejercicios del 2010 al 2018.
El Parlament cesó a De Alfonso como director de Antifraude en junio del 2016, cuando trascendió su conversación con el exministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, que hablaban de operaciones prospectivas para hundir al entonces presidente Artur Mas, al alcalde Xavier Trias y la familia Pujol Ferrusola, certificado por este diario en los papeles de la operación Catalunya.
Por estas conspiraciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sancionó ni expulso de la carrera judicial a De Alfonso porque entonces no ejercía de magistrado. A raíz de aquel escándalo se marchó a Cantabria, donde está el titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Irregularidad en los trienios
En la vista preliminar de hace un año, su abogada, Marta Milans del Bosch, aseguró que no se podía hacer responsable De Alfonso de estos cobros porque el entonces Oidor de Cuentas del Parlament -de quien depende Antifraude- no puso ninguna pega.
La consejera del Tribunal de Cuentas, sin embargo, hizo caso del razonamiento del fiscal y de la abogada de Antifraude que De Alfonso "es el responsable contable porque ordenó y percibió la mayoría de pagos" que se hacían en la oficina, que en el 2015 tenía 4,7 millones de euros de presupuesto.
El sustituto de De Alfonso, el magistrado Miguel Ángel Gimeno, que continúa al frente de Antifraude, destapó gastos particulares de su antecesor pagados con el dinero del organismo público, como el abono en el Palau de la Música.
Gimeno también paró el sistema de pago de los trienios porque se calculaban en el último puesto de trabajo de la persona y no en la categoría devengada, tal como se hace en el cuerpo de funcionarios de la Generalitat. Un sistema discutido con la Sindicatura de Cuentas.