El juez ha anulado las citaciones a los periodistas de ocho medios de comunicación por las filtraciones en la causa de los comités de defensa de la república (CDR) que se investiga en la Audiència Nacional.
El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acuerda seguir adelante con la investigación para determinar el origen de las filtraciones denunciadas por los miembros de los CDR, pero también se anulan las citaciones de los periodistas como investigados en la causa por un posible delito de revelación de secretos. Periodistas de La Vanguardia, Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial Digital, El Mundo, El Español y RTVE habían sido citados a declarar el 29 de noviembre pero la fiscalía recurrió la imputación.
El ministerio público consideró que los periodistas no eran "responsables de la infracción penal" que se deriva de la filtración, ya que el delito afecta a funcionarios públicos según el artículo 466 del Código Penal. De hecho, el minsteri afirmaba en su recurso que "no se podría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados". Por el contrario, el magistrado considera que los periodistas pueden ser infractores si sus informaciones "afectan a la intimidad de las personas investigadas en la causa" de la Audiencia Nacional.
Uno de los CDR detenidos en la operación 'Judas' declara en la Audiència Nacional / Europa Press
Un recurso abigarrado
En el auto el juez considera el recurso de la Fiscalía de "abigarrado", es decir, que tiene muchos elementos mal ordenados y mal combinados. También añade que los fiscales exponen sus argumentos "de manera heterogénea y sin concierto, en un relato en el cual mezcla hechos, argumentos jurídicos y jurisprudencia que como se verá, en algunos aspectos resulta intranscendente". Con todo, lo ha estimado parcialmente.
Desde Alerta Solidaria, que llevan la defensa de los CDR investigados por un presunto delito de terrorismo, habían rechazado también la imputación de los periodistas en un comunicado y afirmaron que se denuncia no iba dirigida contra los medios sino contra el origen de las filtraciones de los órdenes de detención y de parte del sumario cuando la causa estaba bajo secreto de sumario.