Cerrado. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado, este jueves, el archivo de una investigación a Oleguer Pujol por delitos fiscales y blanqueo de capitales, que forma parte de una pieza de la investigación ya cerrada a la familia Pujol Ferrusola y pendiente de juicio. Se trata del llamado caso Drago, donde se investigaba al hijo menor del expresident Jordi Pujol de haber invertido en varias operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital, después de constatarse el uso de sociedades extranjeras para el cobro de comisiones. En el auto, que ha avanzado El Món y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el magistrado afirma que decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones, iniciadas en 2014 "al no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a esta investigación".
La defensa de Oleguer Pujol, ejercida por Cristóbal Martell, ha reclamado, desde el primer momento, el archivo de esta investigación al asegurar que todas las operaciones eran correctas. El diciembre pasado, el juez Pedraz, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, acordó el archivo de la causa a los socios de Oleguer Pujol: José María de Villalonga Cardellà, su hijo José María de Villalonga Cabarrocas, y los hijos de Javier de la Rosa, Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol.
Investigación conflictiva
La operación bajo sospecha era la compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander en 2008. Y la gravedad de la investigación es que desde la Fiscalía se aseguraba que las operaciones se llevaron a cabo con dinero procedente de las cuentas de familia Pujol Ferrusola en Andorra, y por eso la investigación se derivó al juez que ha investigado a la familia del president Pujol, que hizo una pieza separada. El hijo pequeño de los Pujol ha defendido que el dinero era de clientes de fondos de inversión.
La causa principal, pendiente
En el último escrito, presentado en 2021, Oleguer Pujol aseguraba al juez que las operaciones eran “lícitas” y que “queda descartado” que en el cobro de comisiones que recibía por estas operaciones hubiera una actividad delictiva necesaria para que se cumpla el delito de blanqueo.
La Fiscalía Anticorrupción y el mismo juez Pedraz insistieron en investigar más, hasta que al archivo dictado este jueves, nueve años después de los registros ordenados en la vivienda del hijo menor de Pujol. En una telegráfica resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional manifiesta que, “de las diligencias practicadas, no hay base para apreciar indicio de ningún delito”.
La familia Pujol Ferrusola está pendiente de ser juzgada en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de prisión para el president de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental en relación con la gestión de su patrimonio. Oleguer Pujol también será juzgado en este procedimiento.