El titular del juzgado central de instrucción 6 de la  Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el 29 de enero de 2024 la investigación de la causa los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que impulsó grandes movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes, a partir del 14 de octubre del 2019. En el auto del 11 de julio, avanzada por Nación Digital y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el juez Manuel García Castellón justifica que hace falta prorrogar sis meses más esta instrucción porque todavía hay pendientes algunas diligencias sobre "el impacto económico de la actividad delictiva, así como informes policiales de recapitulación". Además, considera que los investigados estarían implicados en "actividades tecnológicas y de financiación de esta plataforma y planificación de actividades subversivas".

La investigación de Tsunami estuvo secreta desde su inicio, el 2019, y se levantó a principio de mayo, y la Fiscalía tiene pendiente de resolver si pide que la causa se derive a juzgados de Barcelona, al desaparecer el delito de sedición, o mantenerlo en la Audiencia Nacional.

"Actos violentos"

En concreto, en la interlocutoria el magistrado afirma: “En la presente causa se investiga la plataforma denominada Tsunami Democratic y las actuaciones llevadas a cabo, esencialmente el octubre de 2019, respecto de los incidentes y movilizaciones violentas llevadas a cabo después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra los autores del fenómeno sedicioso independentista sucedido en Catalunya en 2017, y los investigados estarían implicados en actividades tecnológicas y de financiación de esta plataforma y planificación de las actividades subversivas.” Y añade que “todavía hay pendientes de instrucción, diversas diligencias tendentes a acreditar el impacto económico de la actividad delictiva, así como informes policiales de recapitulación, tratándose de delitos de suma gravedad que justifican la prórroga conforme a los estándares jurisprudenciales y la anterior regulación más casuística que la vigente”.

Daños cifrados en 2,7 millones

En cuanto a los daños, el juez Garcia Castellón dictó una providencia, el junio pasado, en la cual pide al Ayuntamiento de Barcelona, que cuantifique los daños que habría sufrido la ciudad con la protesta que se hizo en los alrededores del Camp Nou, el 18 de diciembre de 2019, en el partido Barça-- Madrid. También ha pedido al Ministerio de Transportes que cuantifique los daños por la manifestación al aeropuerto del Prat, el 14 de octubre de 2019, impulsada por Tsunami.

Por ahora, la Guardia Civil ha informado al titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que ha cuantificado hasta 2,7 millones de euros las pérdidas por las movilizaciones, impulsadas por Tsunami, al aeropuerto del Prat y por los cortes de vías a la AP-7 y a la N-II, hasta la Jonquera.

Los investigados

La investigación secreta ha permitido espiar, con permiso judicial, a bastantes dirigentes políticos catalanes. Por ahora, los investigados oficiales son siete imputados del caso Volhov, detenidos el octubre de 2020 y que en verano del 2021 los reclamó el juez de la Audiencia Nacional. Son: Oriol Soler Castanys, editor y director general de SOM, el primero en personarse en esta causa con el abogado Benet Salellas; el ex consejero de ERC, Xavier Vendrell, de quien la Guardia Civil sostiene que recibe el encargo de poner en marcha Tsunami y las movilizaciones al aeropuerto, la AP-7 y en el Camp Nou; el exdirigent de CDC, David Madí, de quien se asegura que es conocedor de Tsunami, pero que no está en la dirección; el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní, y los activistas Marta Molina y Josep Campmajó, este último como coordinador de movilizaciones con grupos, como por ejemplo los CDR. En el sumario, la Guardia Civil sitúa en un lugar destacado la secretaría general de ERC, Marta Rovira, en el exilio en Suiza, pero el juez, por ahora, no le ha imputado nada.