El juzgado contencioso administrativo 14 de Barcelona ha obligado al Ayuntamiento de Vic a colocar la bandera española en el balcón oficial. Considera que la que hasta ahora era su ubicación, la torre del reloj, no es un emplazamiento "destacado" y "de honor".

El consistorio, que ha instalado la bandera en el balcón oficial para evitar que se pueda acusar a la alcaldesa, Anna Erra, de desobediencia grave, ha presentado recurso al requerimiento judicial. Consideran que la torre del reloj es "el lugar preferente donde tiene que estar y que no afecta a un bien cultural de interés local" cómo es el balcón del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Vic colgó la rojigualda en la torre del reloj en mayo de 2018. Lo hizo acatando una sentencia judicial después de 6 años de requerimientos judiciales. Según el consistorio en la torre del reloj se cumplen los criterios que exige la ley 39/1981 de 28 de octubre, ya que se trata de un lugar "de honor, preferente y visible desde más puntos de la ciudad". Además, añaden, "no se afecta al patrimonio arquitectónico de un bien cultural de interés local cómo es el balcón de abajo del Ayuntamiento".

Los ultras de Manos Limpias, el origen de todo

Los hechos se remontan en el año 2012, cuando el sindicato ultra Manos Limpias denunció que el Ayuntamiento de Vic no tenía la bandera española en la fachada principal. La sentencia judicial firme por aquellos hechos salió el 14 de agosto de 2017, pero hasta en el 2018 no se recibió el requerimiento de ejecución. También la delegación del Gobierno había denunciado la ausencia de la bandera en el Ayuntamiento, hecho que la alcaldesa criticó. Erra acusó a la delegación de "crear confrontación sin que previamente hubiera habido nunca ningún conflicto en el municipio sobre esta cuestión".

Aunque en el 2018 se obedeció a la justicia poniendo la bandera española en la torre del reloj, también se añadió un cartel con el siguiente mensaje: "La bandera estatal cuelga en este ayuntamiento por imposición del gobierno central y en cumplimiento de una sentencia judicial".

No obstante, el consistorio vicense recibió un requerimiento judicial el martes 27 de abril donde se exigía que se colocara en un lugar más visible. Daba cinco días para cumplir la orden y alertaba que el incumplimiento podría comportar un delito de desobediencia grave con la consiguiente inhabilitación de la alcaldesa y multas personales.

 

Imagen principal: la fachada del ayuntamiento de Vic / ACN