El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona mantiene las acusaciones contra el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y catorce personas más -entre las cuales la actual concejala Begoña Floria y la exconcejala Victòria Pelegrín- por el caso Inipro.
Después de cerrar la instrucción, el juez considera -a la espera de los escritos de la acusación- que el alcalde podría haber incurrido en delitos de malversación, prevaricación, soborno, alteración de precios en concurso públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.
Este jueves el juez ha hecho pública el auto, contra el cual se puede presentar recurso de reforma y subsidiario de apelación. La defensa del alcalde ha confirmado que recurrirá la decisión porque insiste en que es inocente.
Por su parte, la CUP, que actúa como acusación popular, ha solicitado la dimisión de Ballesteros porque ve demostrada la actuación "de cacique" del alcalde y del PSC.
El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012.
Aunque los servicios de Secretaría e Intervención municipales advirtieron hasta siete veces de la ilegalidad de la contratación, los expedientes elaborados por los servicios técnicos apuntaban a la conveniencia de abonar las facturas presentadas por la empresa, dado que había realizado los trabajos. Este es el motivo, según ha defendido siempre el alcalde, que lo llevó a firmar los decretos con el fin de abonar 21 facturas, con un importe de 215.000 euros.
Según el juez, sin embargo, los trabajos no se han acreditado y "el negocio se tejió para realizar actividades en beneficio del PSC". Según él, la empresa Inipro fue el instrumento utilizado por el partido "para que personas determinadas, afiliadas o simpatizantes, realizaran de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales".