El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no ha aceptado, por ahora, citar a declarar como testigo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber encargado una auditoría interna por aclarar las comisiones cobradas en la venta de mascarillas durante la pandemia, trama de corrupción conocida como caso Koldo. La asociación Liberum, que ejerce de acusación popular, había pedido el interrogatorio de Puente. En una de las tres resoluciones, comunicadas este martes, el magistrado solo ha aprobado citar a otros responsables solicitados y, con respecto al ministro Puente, sin citarlo, precisa que "en este momento procesal no precede". En concreto, el juez ha aprobado las testificales "con el fin de aclarar la falta de justificación de la recepción de las mascarillas" en los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y ADIF a Solucionas de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
Así, el magistrado ha aceptado citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas: al jefe de Presupostos, Contratació y AAGG del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al secretario general y del consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García. Respecto del resto de solicitudes de la acusación popular, el instructor, ha asegurado que "se acordará la procedente una vez practicadas las anteriores declaraciones testificales". El juez ya avanza que en una investigación no es necesario llevar a término todo lo que piden las partes, y se remite a resoluciones del Tribunal Constitucional.
La auditoria de Transportes
Las testificales responden a la auditoría interna, conocida este verano, que destapó una orden ministerial firmada por el exministro José Luis Ábalos en la primera compra a la empresa clave de la trama, dónde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en "tan solo 38 minutos". El informe señalaba que un día antes de esta orden, el 19 de marzo de 2020, justo al principio de la pandemia del coronavirus, se realizó una estimación de cuatro millones de mascarillas para los quince primeros días del primer estado de alarma. Y un día después, Ábalos firmó una nueva resolución para duplicar este número en el pedido a Solucionas de Gestión y Apoyo a Empresas. A raíz de esta auditoría, el ministro Puente cesó dos altos cargos, que ya eran investigados en la Audiencia Nacional: el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda.
Un cargo de Interior
En una segunda resolución, el titular del juzgado central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional ha acordado la declaración, como testigo, del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Minsterio del Interior, José Antonio Rodríguez González, así como las inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible participantes en el informe de auditoría desarrollada en cumplimiento del orden de 27 de febrero de 2024.
Además, en una tercera resolución, el juez Moreno ha accedido a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la Agencia Tributaria para que designe funcionarios en función de auxilio judicial para determinar las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar en la Hacienda pública la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda en Empresas SL, y el investigado Víctor de Aldama en el ejercicio 2020.
Finalmente, el juez Moreno ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, dirigir mandamientos a los Servicios de Salud de las Baleares y de Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que está en su poder sobre contratos adjudicados a Solucionas de Gestión que no hubiera estado previamente entregada en la Fiscalía Anticorrupción.