La Sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez que instruye el 'caso Koldo' que cite a declarar como testigo a Carmen Pano, la empresaria que asegura haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de la calle Ferraz octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Al auto, en lo que ha podido acceder El Nacional, los magistrados de la Sección Segunda corrigen la decisión del juez Ismael Moreno, que inicialmente descartó tomar declaración a ella y a su hija, Leonor González Pano. En diciembre, la UCO de la Guardia Civil detuvo en Pano y su hija en el marco del llamado caso Hidrocarburos.

La acusación popular, que ejerce Iustitia Europa, es quién ha recurrido esta negativa aludiendo a la relación que madre e hija mantienen con Aldama "y cómo este les facilitó las entrevistas con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel", la empresa clave en el presunto fraude al IVA en el sector de los hidrocarburos por el cual se las investiga en otra causa. "Esta licencia la obtuvieron definitivamente el año 2022, y según unas manifestaciones de la misma empresaria ante un medio digital, a posteriori de haber entregado ella misma 90.000 euros en Ferraz, por orden de Aldama".

En una primera instancia, la Fiscalía se opuso al hecho de que fueran citadas solicitando que antes se investigara sus teléfonos para corroborar si había algún dato sobre que Pano efectuó la entrega de dinero. No obstante, la Sala de lo penal considera que esta "corroboración" tiene que ser posterior a su declaración como testigos, una diligencia que se considera "útil y proteica" para la causa.

La trama del fraude del IVA de los hidrocarburos

La investigación sobre el caso Hidrocarburos que está en marcha en la Audiencia Nacional, tiene dos principales nombres sobre la mesa: el empresario Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel, que habría utilizado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia para Villafuel como operadora de hidrocarburos. A cambio, Aldama habría pedido 600.000 euros que le fueron pagados "mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo".

En paralelo, dos empresarios, que todo apunta que serían Carmen Pano y Leonor González, habrían traído a Ferraz 90.000 euros (45.000 euros en dos ocasiones) en una "bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón" porque Aldama no podía, según habría explicado la misma empresaria a The Objective.

De hecho, esta afirmación es la que dio lugar a la querella que hace semanas presentó el PP contra el PSOE: "Es una información periodística que queremos que sea investigada", afirmó Borja Sémper. "Nosotros creemos que los medios de comunicación hacen una tarea de control e investigación del poder político y damos mucha credibilidad a la investigación periodística", argumentó al portavoz del PP. "Lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias", remachó.

Sin embargo, la Audiencia Nacional descartó la querella, esgrimiendo que del que se había actuado hasta aquel momento a la causa, "no aparece ninguna vinculación con lo que se ha denunciado" y que había "contradicciones de los denunciantes anónimos".