El titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, por ahora, no quiere saber nada de las querellas de Òmnium Cultural y de la CUP presentadas el lunes pasado a su juzgado porque desde octubre del 2020 ya investiga el ataque con Pegasus a los móviles del entonces presidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y del concejal y exdiputado de ERC, Ernest Maragall. El magistrado José Antonio Cruz de Pablo indicó que las querellas se presentaran al decanato para que sean repartidas entre uno de los 33 juzgados de instrucción que hay en la ciudad.
Hoy, a mediodía, el gabinete de prensa del TSJC ha informado que la querella de Òmnium ha recaído en el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona, el cual ya ha pedido a la fiscalía que, antes de la admisión a trámite, informe sobre la competencia. Y es que el nuevo juez podría resolver que el juez de instrucción 32 ya tiene una causa contra Pegasus y hay elementos de conexidad suficientes para que se quede la nueva querella y se la retorne. Si hay discrepancia sobre la competencia entre juzgados, lo tiene que resolver la Audiencia de Barcelona. De la querella de la CUP aún no se sabe en qué juzgado ha recaído.
El penalista Benet Salellas, responsable de las querellas de Òmnium y la CUP, presentó los escritos ante el juzgado de instrucción 32 de Barcelona porque "ya está conociendo de los mismos hechos que son objeto de denuncia y de solicitud de investigación". En las querellas, además, precisaba que los afectados tienen residencia en Barcelona, y, por lo tanto, "está en el partido judicial de Barcelona donde se han descubierto las pruebas y vestigios del delito". Después de dieciocho meses de admitir a trámite la querella de los políticos de ERC, la semana pasada el juez Cruz les pidió los móviles por "si procedía" hacer una pericial para certificar la infección. No detalló ni a que empresa lo derivaba para hacer el peritaje. En este tiempo, el juez, a petición del abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, solamente ha ordenado dos comisiones rogatorias: una en Israel para que pregunte a NSO, sin respuesta actualmente, y la segunda a Irlanda sobre WhatsApp y la alerta de las infecciones que hizo a los políticos, ahora derivada a los Estados Unidos, donde la empresa tiene la sede del almacenaje de los datos.
Pruebas
En las querellas, tanto Òmnium como la CUP solicitan al juez que cite como investigado del delito de revelación de secretos como personas jurídicas a NSO Group y las mercantiles relacionadas con el mismo nombre: NSO Group Technologies Limited; Q Cyber Technologies Limited, y OSY Technologies SARL. Las dos últimas tienen domicilio en Luxemburgo. Se precisa que el grupo empresarial israelí querellado ha desarrollado y comercializado como mínimo a partir del 2016 el software de ciberespionaje Pegasus de teléfonos de venta exclusiva en gobiernos. Recuerda que el programa Pegasus una vez instalado permitiría un control remoto del terminal móvil de la víctima y facilitar la interceptación de comunicaciones, el acceso a los datos y una monitorización absoluta.
Salellas expone que, según la investigación CatalanGate, la entidad Citizen Lab ha certificado que los querellantes, junto con unas 60 personas más, fueron infectados por Pegasus los últimos años en diferentes periodos, y que "coinciden en momentos en que desplegaban funciones especialmente sensibles desde una perspectiva de respeto a los derechos fundamentales", y en concreto "vinculadas a la defensa de acciones de denuncia de la represión contra el movimiento por la autodeterminación después del referéndum del 1-O y de preparación de estrategias jurídicas de defensa en el marco de procedimientos judiciales". Por eso, solicita la imputación de la empresa, y una comisión rogatoria en Luxemburgo, a fin de que reclame a la empresa NSO sobre el espionaje realizado y los ingresos recibidos desde el Estado español. También pide que las direcciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil informen el juez si han usado Pegasus contra los querellantes.
Secreto y archivo
La crisis del espionaje masivo al independentismo catalán ha provocado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya admitido que infectó a una veintena de políticos y líderes de la sociedad civil catalana el otoño del 2019, a raíz de las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas, siempre -sostiene- con permiso del juez del Supremo, que tiene que aprobar la intromisión a la intimidad de las personas por parte del CNI. El juez o jueza que finalmente le toque revisar las querellas de Òmnium y la CUP tendrá que pedir al fiscal, primero, si admite a trámite las querellas y, después, qué pruebas aprueba. Una posibilidad es que el juez decrete el secreto de las actuaciones, donde solamente se informa el fiscal, a fin de que el CNI certifique y detalle a las personas que espió, como se ha reconocido en el caso del president Pere Aragonès. Si salen las tres personas querellantes de Òmnium, como el exvicepresidente Marcel Mauri, y los tres de la CUP, podría decretar el archivo de la causa al considerar que tienen el aval judicial.
Por su parte, los espiados de ERC, Junts y la ANC todavía no han presentado las querellas que anunciaron que harían. El abogado Gonzalo Boye, como espiado por Pegasus, presentó una querella contra NSO en los juzgados de Madrid.