Investigación secreta. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha declarado secreta la investigación de la pieza 2 del caso Volhov, en la cual asegura que investiga "la injerència rusa en el procés independentista de Catalunya", enmarcada con los hechos del 2017. En la resolución, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el magistrado sostiene que es "imprescindible" practicar unas diligencias que son "de extrema sensibilidad" y para evitar "perturbaciones" acuerda el secreto de esta investigación durante un mes. Recientemente, el juez Aguirre declaró la prórroga durante seis meses de la pieza 2, donde citaba a Victor Terradellas, exdirigente de Convergència; Josep Lluís Alay, director de la oficina del president Puigdemont, y al informático Jaume Cabaní.
En la resolución, fechada el 12 de marzo, el juez Aguirre afirma que investiga si existían "indicios de delito en las relaciones de varios individuos de carácter independentista con Rusia, con el propósito de qué este país ingiriera en el procés independentista de Catalunya". Y ahora, justifica el secreto de las investigaciones a fin de que vayan a buen puerto. Precisa que en otra resolución ha detallado estas diligencias a fin de que cuándo levante el secreto del caso "se pueda valorar la suficiencia y proporcionalidad" del secreto que ha dictado. La Guardia Civil es quien realiza la investigación del caso Volhov bajo la dirección del magistrado. Y decreta el secreto para "prevenir que no se comprometa de forma grave el resultado de la investigación".
A la búsqueda de indicios
En la resolución de prórroga, el juez Aguirre exponía que una parte de los indicios se habían extraído del teléfono móvil de Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta junio del 2016 y presidente de la fundación Catmon, entidad investigada en el caso Diputación sobre ayudas a entidades, que derivaría en el Volhov. Añadía que el papel que hacía Terradellas, de supuestos contactos con rusos, fue asumido después por Josep Lluís Alay, director de la oficina del presidente Carles Puigdemont, detenido en el 2020 con una veintena de personas, y el móvil del cual ha servido para construir parte de esta causa y de Tsunami Democràtic. Terradellas y Alay declarado ante el juez y han negado cualquier acción delictiva, ni ningún encargo del president Puigdemont.
También citaba a Jaume Cabaní, informático de quien sostiene que habría montado la estructura del apoyo económico de Waterloo, y que nunca ha sido citado en el juzgado. La Guardia Civil no ha encontrado indicios claros.
Delitos de la Audiencia Nacional
Inicialmente, en el caso Volhov se investigaba si había una financiación ilegal del independentismo catalán para Waterloo, dónde se investigaba los delitos de malversación de fondos y el tráfico de influencias. Ahora, esta investigación de la trama rusa podría derivar a los delitos de traición o contra las instituciones del Estado. Si se confirmara estos indicios, son dos delitos de competencia de la Audiencia Nacional, y el juez Aguirre lo tendría que elevar a estos juzgados centrales de Madrid.
Además, estos delitos no están incluidos en la ley de amnistía, que finalmente ha aprobado el Congreso de los Diputados. Y si el juez encontrara indicios contra el president Puigdemont, tendría que derivar su investigación en el Tribunal Supremo porque es aforado al ser diputado de Junts en el Parlamento Europeo. Es lo que ha hecho el juez de Tsunami Democràtic, y el Supremo ha aceptado investigar al presidente en el exilio por terrorismo.
Paralelamente, la recusación del juez Aguirre continúa en marcha. El abogado Gonzalo Boye, que lleva la defensa de Alay y el president Puigdemont, ha pedido en la Audiencia de Barcelona que aparte el magistrado del caso Volhov por su pérdida de imparcialidad al haber hablado de este caso abierto en una entrevista a una televisión alemana.
En la foto principal, Víctor Terradellas, cuando fue a declarar al juzgado, en el 2022. /Foto: Marta Pérez / Efe