Estocada al caso Volhov. La Audiencia de Barcelona ha tumbado la última prórroga de la investigación que dirige el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre el caso Volhov, que inicialmente se abrió por una supuesta financiación ilegal al independentismo catalán, y le ordena que archive la investigación o la envíe a juicio. El magistrado solo podrá usar la información recopilada hasta el 1 de agosto de 2023, según la resolución comunicada por el gabinete de prensa del TSJC este martes por la tarde. Eso significa que el juez del caso Volhov no podrá perseguir más al president en el exilio Carles Puigdemont, como ha estado haciendo hasta ahora y de forma indirecta (ya que es aforado y no lo puede hacer) en la pieza 2 del caso Volhov, que declaró secreta en marzo pasado, por supuestamente investigar "la injerencia rusa en el procés independentista de Catalunya". El objetivo del magistrado era encontrar indicios y elevar la imputación de Puigdemont al Tribunal Supremo por un delito de alta traición y esquivar la amnistía. Esta hoja de ruta ha quedado tocada, aunque la podría hacer con los actuales escasos indicios incriminatorios.
En otra resolución, la Audiencia de Barcelona también ha hecho lo mismo con la pieza de Villa Bugatti, detiene la investigación que se ha realizado hasta agosto del 2023 y ordena al juez Aguirre que cierre el caso y que lo envíe a juicio si considera que existen hechos delictivos en esta pieza sobre la construcción de una escuela en esta finca en Cabrera de Mar, con la detención del alcalde y un concejal de ERC. Finalmente, en una tercera resolución, la Audiencia de Barcelona no acepta la recusación del juez Aguirre, que pidió Gonzalo Boye, abogado del president Puigdemont y de Josep Lluís Alay, director de la oficina del president catalán. En la resolución, el tribunal manifiesta que "no comparte la necesidad y oportunidad" de la entrevista del juez Aguirre en una televisión pública alemana, el 30 de mayo pasado, justo cuando prorrogaba la investigación de la trama rusa, pero que en su intervención "no se interpreta que tiene un interés o beneficio personal", tal como estipula la ley, y por eso no lo aparta y lo mantiene al frente del caso Volhov, pero con la limitación que no puede investigar más, según una resolución anterior.
Prórroga "genérica"
En una contundente resolución, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona afirma que el juez no ha hecho nada en los seis meses anteriores, entre enero y julio de 2023, y por eso añade que no es justificado volver a prorrogar la pieza 2 del caso Volhov seis meses más, hasta febrero pasado (fecha en la que volvió a prorrogarla), y da la razón a la defensa del exconseller Xavier Vendrell y anula la prórroga dictada el 1 de agosto de 2023, fecha en la cual, a la vez, ordena que se acaba la instrucción. El tribunal expone que la pieza 2 se abrió al encontrar unos audios en el móvil de Víctor Terradellas, excargo de Convergència, pero que después el magistrado considera la pieza 2 de "carácter instrumental y un repositorio" para otras piezas, y donde acumula informes policiales. "No se puede escudar en planteamientos genéricos para hacer las prórrogas", sostiene la Audiencia de Barcelona cuando el juez Aguirre prorrogó a pieza 2 y otras del caso Volhov, en verano pasado. Precisa que los últimos informes policiales son de julio de 2022 y de enero de 2023, "tiempo suficiente", según el tribunal, para haber estudiado el caso, además reprocha al magistrado que en la prórroga no detalle ninguna diligencia concreta pendiente, tal como exige la ley.
El caso Volhov se volvió a reactivar justo cuando el PSOE, Junts y ERC llegaron a acuerdos para sacar adelante la ley de amnistía, ahora aprobada definitivamente y pendiente de que se publique en el BOE. Lo mismo pasó con la causa de Tsunami Democràtic, donde el juez Manuel García-Castellón reactivó el caso y citó a los investigados por primera vez, donde por sorpresa incluía al president Puigdemont y los acusaba del delito de terrorismo, mientras que la Fiscalía asegura que en las movilizaciones de Tsunami solo puede encajar el delito de desórdenes públicos. Gran parte de los doce investigados del caso Tsunami fueron detenidos en el caso Volhov y el magistrado de la Audiencia Nacional exigió esta investigación a su colega de Barcelona.
Los investigados del caso Volhov
El juez Aguirre mandó detener a empresarios y cargos políticos en octubre de 2020 e hizo varias piezas del caso Volhov. Todo fue a partir de unos audios que guardaba en su móvil Víctor Terradellas, excargo de Convergència, cuando fue detenido por unas subvenciones del caso Diputación, que desde 2016 continúa abierto. En estos audios aseguraba al exconseller Xavier Vendrell, y al empresario y exdirigente de Convergència, David Madí, en conversaciones separadas, que el president Puigdemont "se cagó en las bragas" cuando unos rusos le ofrecieron 100.000 soldados en otoño del 2017 para declarar la independencia de Catalunya. En este tiempo, Madí ha declarado ante el juez, quien ha archivado varios casos sobre tráfico de influencias por falta de pruebas. Y en el caso de Vendrell, el juez se ha visto obligado recientemente a archivar una imputación porque la Fiscalía no ve delito.
Además, ha investigado al jefe de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, a quien además de vincularlo a esta supuesta trama rusa, el juez también lo ha enviado a juicio junto con dos agentes de los Mossos para preguntarles si estaba en el sistema policial de búsqueda. También está el empresario Oriol Soler y el informático Jaume Cabaní, que como Alay están imputados en el caso Tsunami. A ninguno de ellos se les imputa nada concreto, en la trama russa.
Events, sin indicios de desvío
Además, la Guardia Civil no encontró ninguna evidencia de desvío de fondos públicos para sufragar el coste del exilio del president Carles Puigdemont y exconsellers a través de la sociedad Iniciatives Events, según el nuevo informe que entregó al juez del caso Volhov, en febrero pasado. Los responsables de Events, Roc Aguilera y Antoni Fusté también fueron detenidos el 28 de octubre de 2020, en el marco del caso Volhov contra el independentismo catalán, y desde entonces no han sido citados a declarar como investigados. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que vio indicios de malversación "sistemática y continuada", esperaba el resultado del análisis de sus aparatos y la numerosa documentación decomisada en esta empresa de Igualada y a sus titulares. En el informe se evidencia que Events tiene encargos de montar escenarios y actos de ayuntamientos y de partidos independentistas, y en algunos casos se ha abierto procedimientos administrativos para aclarar las adjudicaciones, pero ninguna irregularidad penal.
Villa Bugatti, también parado
En el caso de Villa Bugatti, el verano pasado el exalcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts), ya pidió al juez Aguirre que decretara el archivo de su imputación en esta pieza porque los "míseros indicios" apuntados por la Guardia Civil contra él, no se han ni demostrado en la instrucción de esta causa, según un escrito presentado por su abogado, Jordi Pina. En concreto, en la pieza 5 del caso Volhov, se investiga si Mir cometió los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por presuntamente haber favorecido al exconseller de ERC Xavier Vendrell para recalificar los terrenos de Villa Bugatti, y ubicar un centro de educación especial de la Fundació El Brot. Esta operación se truncó con la detención de los investigados y el registro de dependencias del consistorio, a finales de octubre de 2020.
En la pieza de Villa Bugatti, también están investigados el exconcejal de Urbanisme, Enric Mir, al que ERC hizo dimitir cuando se le encontró un sobre con unos 38.000 euros en su despacho municipal, y que después aportó al juzgado que eran para una compra particular, así como Vendrell, y responsables del Departament de Educació. Todos los investigados, entre los que también se encuentra el arquitecto municipal de Cabrera, y los testigos han negado cualquier trato de favor o ilegalidad.
Ahora, el juez Aguirre tiene que decidir si da carpetazo o envía a juicio las piezas 2 y la de Villa Bugatti. La Fiscalía Anticorrupción tiene que decidir si acusa o no a los investigados. En estos dos casos están las acusaciones populares de Vox y de la asociación Barcelona con la Selección.