El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, ha prorrogado una de las piezas del caso Volhov que vincula al president Carles Puigdemont con una trama rusa para lograr la independencia de Catalunya en 2017, y mantiene como investigados al jefe del gabinete del president, Josep Lluís Alay, a Víctor Terradellas, exdirigente de Convergència, y a Jaume Cabaní, informático al que se acusa de montar la estructura del apoyo económico de Waterloo, y que todavía no ha declarado en el juzgado. Así lo ha anunciado El Periódico este lunes, a partir de una nueva investigación. ElNacional.cat ha confirmado la prórroga de seis meses más de la investigación del caso Volhov, que el juez Aguirre justifica porque hay diligencias pendientes, aunque hace tiempo que la investigación parecía parada y no se han aportado nuevos indicios incriminatorios.

El juez Aguirre no puede imputar directamente a Puigdemont porque, como diputado del Parlamento Europeo, es aforado. Además, el delito de alta traición al Estado es competencia de la Audiencia Nacional; el juez Aguirre no detalla los delitos en este nuevo auto. Con todo, esta resolución se interpreta como un nuevo palo en las ruedas para que el president Puigdemont no pueda acogerse a la ley de amnistía.

Un encuentro

Las últimas acciones conocidas en el caso Volhov son interrogatorios del juez Aguirre en mayo de 2022. Ante ciertas afirmaciones, la oficina del president Puigdemont confirmó que mantuvo una reunión la víspera del 27 de octubre de 2017 en la Casa dels Canonges, a petición de Víctor Terradellas, exdirigente de Convergència, con dos ciudadanos rusos, como había hecho con otras autoridades y sin alcanzar ningún compromiso. Para el juez, Terradellas fue sustituido por Alay en esta supuesta conexión con dirigentes rusos y con finalidades ilegales. Una acusación totalmente desmentida por Alay, representado por el penalista Gonzalo Boye, que acusó al juez Aguirre "de inventarse la trama rusa". 

Contactos con la extrema derecha

En la resolución, el magistrado Aguirre afirma que ha revisado “abundante documentación existente en las diferentes piezas de la causa” y que "ha encontrado datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones de servicios rusos secretos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana con intereses a establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Catalunya, si se independizaba de forma unilateral de España”.

 

Desestabilizar a Europa

El juez del caso Volhov afirma que en algunos mensajes encontrados al investigado Terradelles “se desprende la invasión de Ucrania”, “las maniobras del gobierno ruso y su presidente Putin para desestabilizar la democracia y a la Unión Europea”, e incluso “la salida de España de la UE debido a la independencia unilateral de Catalunya con el apoyo del gobierno ruso, a través de apoyo económico y militar, ofrecimientos ya conocidos en esta instrucción”.

Carta anónima

En concreto, se refiere a los encuentros de Terradellas y Elsa Artadi, con dos ciudadanos rusos, uno de ellos llamado Nikolay. En el juzgado, Artadi declaró como testigo y confirmó estos encuentros, pero declaró que no entendió qué querían. También cita en las reuniones a Jordi Sardà Bonvehí, implicado en una estafa.

El president Puigdemont recibió a un ciudadano ruso el 26 de octubre de 2017, un día antes de la declaración de independencia, que después suspendió de forma inmediata. El juez reproduce conversaciones de Terradellas con Puigdemont, a quien insiste que vuelvan a encontrarse con los rusos, lo que el president descarta.

En la resolución, el juez incorpora una carta anónima del equipo de investigación periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en la que le informan de sus resultados. Aseguran que el president Puigdemont recibió al ciudadano ruso NIkolay Sadovnikov, al que relacionan con el gobierno de Putin.

Por todo ello, el juez concluye que tiene que continuar la investigación de la trama rusa y “comprobar la veracidad de estos datos” y si “en los teléfonos de Terradellas y otros investigados salen más datos relevantes que permitan obtener indicios relativos al apoyo que puede haber dado Rusia al proceso de independencia de Catalunya a cambio de unas concretas contraprestaciones". Por eso, prorroga la investigación seis meses más, a contar desde el 1 de febrero.

10.000 soldados rusos

Víctor Terradellas, exjefe de relaciones internacionales de Convergència hasta junio de 2016 y presidente de la fundación Catmon, es la pieza clave de Volhov. La investigación principal, abierta en 2016, fue la sospecha de subvenciones irregulares de la Diputación de Barcelona a entidades próximas a CDC, instrucción aún no acabada. En el móvil de Terradellas se descubrió una grabación que hizo en 2018 con el exdirigerent de CDC, Davíd Madí, y otra con el exconseller de ERC, Xavier Vendrell, donde aseguraba que el president Puigdemont "se cagó en las bragas", cuando le dijo que había un grupo que podría traerle "a 10.000 soldados rusos" si les permitía hacer negocios con criptomonedas. Por esta exagerada expresión se pincharon teléfonos hasta la detención de una veintena de empresarios, en octubre de 2020.

Una parte de esta causa, la de Tsunami Democràtic, fue requerida por el juez de la Audiencia Nacional en 2021, y ahora se ha impulsado con la imputación por terrorismo del president Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una decena más de investigados.

Paralelamente, en el caso Volhov,  Alay és investigado en otra pieza por, supuestamente, pedir información a un agente de los Mossos sobre si tenía una alerta de detención en el sistema policial, caso parado y que podría ser amnistiado, tal y como recoge el redactado de la ley mejorada con las enmiendas.

Jueces contra Puigdemont

La resolución del juez del caso Volhov se suma a la cruzada abierta por el juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, para que Puigdemont no pueda acogerse a la ley de amnistía, tramitación que esta semana llega a su recta final en el Congreso de los Diputados, y donde Junts y ERC insisten en que hay que quitar el terrorismo como delito excluido en la futura ley del olvido de las acciones del procés. La investigación de Tsunami, abierta en 2019 en secreto, también agota esta semana el plazo de instrucción y nadie duda de que el magistrado de la Audiencia Nacional prorrogará seis meses más la investigación ante la avalancha de diligencias que acordó la semana pasada. Incluso el juez García-Castellón tiene pendiente que la OTAN responda a su consulta sobre si la protesta ciudadana impulsada por Tsunami en el aeropuerto de El Prat hizo peligrar la seguridad aérea y europea.