El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón, ha resuelto que no prorroga más tiempo la investigación contra 12 catalanes y miembros de CDR acusados de terrorismo, ocho de ellos detenidos el 23 de septiembre de 2019, aunque las defensas y la fiscalía le han pedido que no lo haga porque faltan diligencias por practicar. La organización Alerta Solidaria, que lleva la defensa de la mayoría de encausados, ha informado este martes que han presentado un recurso contra la "irracional" decisión del juez de la Audiencia Nacional porque hay "ingente información" sobre diligencias solicitadas que hasta ahora se les ha "negado" por parte del juez. Alerta afirma que, con esta acción, el juez "quiere esconder una investigación irregular contra el independentismo catalán".

En la resolución, del viernes pasado, el juez García Castellón razona que del estudio de las actuaciones "solamente queda la incorporación de las diligencias previas (DP) 104/2017", las cuales son vitales para las defensas, ya que es una instrucción que nació secreta y de la cual se derivó el caso contra los CDR. La Guardia Civil bautizó esta actuación como Operación Judas, pero todavía no se saben los indicios que permitieron que el juez autorizara la intervención de sus teléfonos y pusieran balizas de seguimiento y audio en sus vehículos. En la resolución, el juez matiza que "se incorporarán las DP104/2017 hasta, al menos, la fecha que derivaron en la pieza 1 de las DP 99/2018, hasta la pieza 2", que es la causa de los CDR, transformada en sumario, y que el juez ordena cerrar en un plazo de 10 días.

 

La fiscalía tampoco quiere el cierre del caso

En un comunicado, los abogados de los encausados del 23-S afirman que incluso la fiscalía se ha sumado a la petición de las defensas de Alerta Solidaria de prorrogar la instrucción porque también tenía pruebas, requerimientos e interrogatorios pendientes. "Ninguna parte, de hecho, se opone, solamente al juez," sostienen. Añaden que la decisión de cerrar la causa llega después de "la undécima vez que la sala de apelaciones ordena al juez a dar pleno acceso a las secretísimas diligencias 104/17 y 99/18", acceso -aseguran- que todavía no se ha producido y que "ya no tienen la consideración de secretas, sino que están simplemente archivadas, según indicó el juez".

Para Alerta Solidaria, el juez "boicotea el normal desarrollo de la instrucción, que en una supuesta democracia se presupone que es la fase donde cada parte tiene que poder aportar con tiempo y calma las pruebas y argumentos de cargo o descargo", pero en el caso de los encausados del 23-S "supone una batalla constante de recursos y apelaciones". Y añade: "El escándalo mayor es la ocultación deliberada de las investigaciones previas en que hay escondidas, muy seguro, numerosas irregularidades e ilegalidades en la persecución del Estado al independentismo catalán".