El magistrado Adolfo Carretero ha fijado para el siguiente viernes 11 de abril la comparecencia presencial de Elisa Mouliaá y de Íñigo Errejón para entregar sus teléfonos móviles a la Policía Nacional. Según la resolución del titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, la medida pretende analizar las conversaciones de WhatsApp entre los dos después de que, el pasado 13 de marzo, Mouliaá ya se presentara para un intento de clonación de los dispositivos que Errejón recurrió, pero que fracasó por falta de medios técnicos en el juzgado.
Poco más de 5 meses después de la denuncia, el juez también ha requerido ahora nuevas pruebas testimoniales de cara al 20 de junio. En concreto, asistirán a declarar uno de los asistentes y los dos organizadores de la fiesta que tuvo lugar en septiembre de 2021, cuando la actriz denuncia que tuvieron lugar los hechos. Fue la defensa de Mouliaá quien facilitó sus contactos al juzgado a fin de que se pudiera practicar la diligencia.
La defensa de Errejón y las acciones de Mouliaá
Hay que recordar que el equipo legal de Errejón presentó, a finales del pasado enero, un peritaje informático notarial que incluía todas las conversaciones de WhatsApp entre él y Mouliaá desde agosto de 2019 hasta abril de 2023. Además, solicitaron los contratos de Mouliaá con Mediaset por sus apariciones televisivas posteriores a la denuncia (pretendiendo demostrar un posible interés económico de la actriz) y publicaciones en las redes sociales de la actriz (para contrastar "contradicciones flagrantes" con su testigo|testimonio judicial).
Mientras tanto y como respuesta a las acusaciones, Mouliaá anunció en marzo que dará a una ONG los 54.000 euros cobrados por sus intervenciones mediáticas, que serán destinados a la ayuda a víctimas de violencia machista. Paralelamente, su defensa ha pedido al juez que Sumar aporte su investigación interna sobre Errejón para poner de relieve posibles comportamientos machistas y de maltrato psicológico y sexual del expolítico.
Los relatos de los hechos
Según la denuncia, durante una fiesta en Madrid a finales de septiembre de 2021, Errejón habría cogido Mouliaá por la fuerza y la habría llevado a una habitación que posteriormente habría cerrado con pestillo. Allí es donde le habría quitado el sujetador, hecho tocamientos no consentidos y pronunciado frases intimidatorias y de connotación sexual antes de lanzarla en la cama con él. La actriz describe que se sintió humillada y en choque, y que la mayoría de los escasos mensajes posteriores entre los dos son respuestas esporádicas en Instagram.
Por su parte, el expolítico niega cualquier agresión sexual y sostiene que todos los contactos fueron consentidos y que, cuando Mouliaá expresó su incomodidad, él se detuvo inmediatamente. Su defensa argumenta que la exactriz borró mensajes posteriores a la fiesta que serían contradictorios (como una invitación a un concierto una semana más tarde de los hechos) y que la denuncia forma parte de una falsa acusación para obtener beneficio económico.
Controversias del proceso
Paralelamente, el magistrado encargado de la investigación, Adolfo Carretero, está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de formular preguntas presuntamente coercitivas y hostiles durante la declaración de Mouliaá el 16 de enero. Sus actuaciones, que se difundieron a las redes tres días después, generaron más de 900 quejas ciudadanas por presunta "revictimización", y es por eso que el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, inició una diligencia informativa.
El caso, suspendido en noviembre de 2024 por la baja maternal de la abogada de Mouliaá, fue reabierto en diciembre del año pasado después de un recurso conjunto de la Fiscalía y la defensa de Errejón. Ahora se encamina hacia una fase decisiva con las pruebas testimoniales y electrónicas demandadas por el juzgado.