El juez titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dado por cerrada la instrucción contra 12 miembros del Comité de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo en el marco de la Operación Judas. El magistrado envía la causa a la Sala de lo Penal del mismo juzgado para que decida se tiene que abrir juicio contra los procesados por los delitos de pertenencia a organización terrorista y de tenencia y fabricación de bombas. El primero comporta penas de prisión de entre seis y doce años, mientras que el segundo de ocho a quince años. Es la segunda vez que se concluye la instrucción porque uno de los investigados había pedido que se practicaran más diligencias.

El auto de conclusión del sumario enviado este jueves por la tarde recuerda que la instrucción ya se cerró en octubre de 2022, pero la Sala de lo Penal lo devolvió al aceptar el recurso de apelación interpuesto por uno de los procesados. En el recurso, la defensa pidió que se prorrogara la investigación para que se practicaran más diligencias teniendo en cuenta las elevadas penas que implican los delitos en cuestión.

"Una vez practicadas las diligencias que se han reputado necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos (...) procede dictar auto de conclusión del sumario al constatar que la instrucción ha visto cumplida su finalidad". Con estas palabras y superados los tres meses de instrucción extra dictada, García Castellón cierra la carpeta definitivamente y la remite al juez penal, que ahora tendrá en sus manos —atendiendo los argumentos depositados en la instrucción—, decidir si abre juicio oral contra los procesados independentistas.

 

Las quejas constantes de la defensa de los CDR

El final de la instrucción ha supuesto un tira y afloja entre las partes implicadas en el proceso judicial. La defensa de la mayoría de los independentistas, liderada por el colectivo Alerta Solidaria, denunció reiteradamente que García Castellón estaba poniendo trabas a sus maniobras y que estaban teniendo problemas para tener acceso a todas las actuaciones que formaban parte de la causa. De hecho, cuando el juez selló el sumario por primera vez, Alerta Solidaria se quejó por la "irracional" decisión del juez ante "la información ingente" sobre diligencias solicitadas que habían sido rechazadas. "El magistrado quiere esconder una investigación irregular contra el independentismo catalán", aseguraron los letrados.

El juez instructor procesó de entrada a 13 miembros de los CDR, considerando que formaban parte del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERC), una supuesta célula integrada por un núcleo radicalizado que, según su opinión, compartían principios ideológicos favorables a la independencia. A su entender, su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Catalunya utilizando la violencia en su máxima expresión.

En un principio la investigación se dirigió contra trece personas: Eduard Garzón, Esther Garcia, Sònia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomàs, Alexis Codina, Jordi Ros, Rafael Delgado, Ferran Jolis, David Budria, Clara Borrero, Xavier Buigas y Xavier Duch. Si bien, el juez archivó el expediente contra el último —Xavier Duch— por motivos de salud.