El Tribunal de Cuentas (TCu) ha celebrado este jueves la segunda vista preliminar para juzgar al magistrado Daniel de Alfonso como responsable contable por haber cobrado unos 207.000 euros de forma indebida cuando era director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), entre los años 2011 y 2016. La vista ha sido  muy rápida y se prevé que el juicio se haga el próximo juliol, según fuentes del tribunal. La posición de Antifraude -con su abogada, Rosa Maria Pérez de Pablo- es que De Alfonso es el máximo y único responsable, porque fue él mismo quien aprobó que cobrara unos trienios de forma irregular, que nunca se había hecho en la institución, y al mismo tiempo fue el máximo beneficiario. El fiscal mantiene la misma posición que Antifraude, mientras la defensa de De Alfonso sostiene que el entonces Oidor del Parlament validó estos cobros, y alternativamente que fue un error, hecho que el procedimiento sería diferente, incluso que la reclamación está prescrita. En la vista, la consejera del departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha admitido un segundo testigo -el exjefe de gabinete de la oficina-, que declarará por videoconferencia, como el periodista Carlos Quílez, exdirector de análisis de Antifraude, solicitado por la defensa del juez

Así, si no hay ningún cambio de última hora, el magistrado De Alfonso será juzgado por unos hechos denunciados en el 2018; es decir, siete años después. Daniel de Alfonso -que sigue ejerciendo de magistrado, como titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de Cantabria- fue destituido por el Parlament en junio de 2016, al difundirse unos audios en los cuales conspiraba contra Catalunya con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en la conocida operación Catalunya, documentada por ElNacional.cat.

Precisamente, la actuación de las cloacas del Estado en el gobierno del PP se vuelve a investigar en una comisión en el Congreso de los Diputados, aunque la mayoría de protagonistas niega haber participado en la guerra sucia contra el independentismo catalán, como el mismo expresidente Mariano Rajoy o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaraciones, de esta última, que la cámara ha enviado a la Fiscalía.

Descubierto en dos informes

El procedimiento contable contra el juez De Alfonso  se inició el 2018, aunque el tribunal descubrió recientemente que había otra segunda causa con casi los mismos conceptos denunciados, a pesar de que Antifraude asegura que avisó de esta repetición. 

La Sindicatura de Cuentas elevó al Tribunal de Cuentas ciertas irregularidades de gastos, después de que el actual director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, le pidiera un informe sobre la gestión de la institución con Daniel De Alfonso al frente. Salieron gastos personales y el grueso irregular son los trienios. De Alfonso se aplicó los trienios de la Oficina -que se cobraban como los entes del Parlament, al 5%- y no como funcionario de la Administración de Justicia. En este tiempo, se ha abierto un debate jurídico sobre si los altos cargos pueden seguir cobrando trienios, y lo que se ha establecido es que sí, pero del puesto de trabajo donde los generaron.

El segundo informe sobre la gestión de Antifraude fue solicitada por el Parlament, y por eso, se abrió un segundo procedimiento en el Tribunal de Cuentas, con la mayoría de partidas repetidas o prescritas, y solo hay unos 3.000 euros de más que se reclaman al magistrado. Así serían unos 207.000 euros más los intereses, que no se detienen hasta la sentencia, y que De Alfonso ha tenido que avalar.