El Tribunal de Cuentas (TCu) celebra este jueves una audiencia previa para preparar el juicio contra el magistrado Daniel de Alfonso, a quien la Fiscalía y la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) reclaman que devuelva 205.909 euros, más los intereses, que habría cobrado de forma indebida cuando era director de este organismo entre los años 2011 y 2016, como apuntó la Sindicatura de Cuentas. En esta vista, no tiene que estar presente el encausado, solo los abogados de las partes, el fiscal y el consejero del tribunal, que juzgará el caso, y, en principio, se pedirán los testigos y documentos para el juicio. De Alfonso fue destituido en junio de 2016, cuando el diario Público difundió su conversación con el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, donde se alegraba de haber torpedeado la sanidad catalana y el cargo del PP le pedía investigaciones contra el Govern, y dirigentes de Convergència y de ERC. Era octubre de 2014 en un despacho del ministerio. Un episodio de la Operación Catalunya, que diferentes cargos policiales confirmaron en la comisión del caso Kitchen del Congreso. De Alfonso fue destituido por el Parlament y desde entonces es magistrado en el juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cantabria.

La Sindicatura de Cuentas envió dos informes del 2018 y 2020 sobre irregularidades que detectó en Antifraude a partir de las cuentas de 2015. Precisaba que De Alfonso habría cobrado trienios y complementos de calidad que no le corresponderían, como su directora adjunta, ya que no se le permite cobrar a los directores de organismos independientes del Parlament, y señalaba la posibilidad que fuera perseguible judicialmente. La Fiscalía pidió abrir una investigación al Tribunal de Cuentas y, no ha sido hasta el mayo pasado que se formalizó el caso, con el número B-77/2022.

El 'oïdor' de cuentas no dijo nada

Uno de los argumentos que podría usar la defensa de Daniel de Alfonso es que durante su dirección en Antifraude, el oïdor de Cuentas del Parlament, ahora jubilado, no hizo ningún informe ni detectó ninguna irregularidad en 2015, donde la entidad tenía un presupuesto de 4,7 millones de euros. La ley fija que la gestión presupuestaria de la OAC está sometida a la fiscalización del Oïdor de Cuentas del Parlament, a través de informes como mínimo trimestrales. Meses después, una nueva oïdora de cuentas sí que incluyó numerosas observaciones sobre los gastos de Antifraude, como la Sindicatura de Cuentas. 

El cobro de trienios en el Parlament, como las jubilaciones, anticipadas, ha sido polémico últimamente. El Parlament de Catalunya tiene la norma que los funcionarios, sobre todo letrados y secretarios, cobran el 5% de los trienios, que se calcula sobre el último sueldo y no en la categoría en que han sido generados y devengados, como sí que tienen los funcionarios de la Generalitat. El cálculo del Parlament era también el que aplicaba Antifraude y al actual director, el magistrado Miguel Ángel Gimeno, lo cambió y lo igualó al sistema de la Generalitat porque el anterior cálculo se llevaba casi la mitad del presupuesto, y a pesar de las quejas de la Sindicatura de Cuentas.

"Soy tu cabo"

En la polémica conversación de octubre de 2014, desvelada dos años después, De Alfonso, que todavía era director del OAC, presume de ser español, pero que vive en Catalunya, cuando el ministro le pide más presión contra el Govern y los soberanistes. Y en otro momento, el magistrado le dice a Fernández Díaz: "Considérame como tu cabo de tu cuerpo nacional" y Fernández Díaz le responde: "Tú agiliza lo que puedas con el fiscal Bermejo", que entonces estaba en la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, y después fue a Madrid.

Y, el exministro Jorge Fernández Díaz, cuando compareció en el Congreso en la comisión de la Kitchen, el año 2017, y se las tuvo con los portavoces de ERC, Junts y la CUP por el célebre audio, dijo: "Yo no digo 'la fiscalía te lo afina', no es mi léxico. La policía científica me envía un informe acreditando que yo digo 'la fiscalía en fin... hago una gestión', y eso con un corta y pega acaba convertido en 'la fiscalía te lo afina' y en destruir el sistema sanitario catalán. Desde entonces, Fernández Díaz no ha asumido ninguna responsabilidad de la Operación Catalunya. Y, hasta ahora, los jueces españoles lo han archivado todo.

La reciente difusión de nuevas conversaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo con la senadora popular Alícia Sánchez Camacho ha reactivado la presentación de querellas contra la política patriótica y cargos del Gobierno PP, como ahora las del expresidente del Barça Sandro Rosell y el exconseller Jaume Giró.