El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado la petición de traslado de prisión de Oriol Junqueras, "sin perjuicio que esta reclamación pueda ser cursada a la autoridad penitenciaria competente". Llarena no permite asistir a Junqueras al pleno del Parlament para la sesión de constitución, pero deja claro que tanto el vicepresident como los también diputados electos Joaquim Forn y Jordi Sànchez tienen "incapacidad legal" para asistir a los plenos y pueden, por lo tanto, solicitar la delegación de voto sobre la cual se tendrá que pronunciar la Mesa del Parlament. Eso podría abrir la puerta a que el president Carles Puigdemont y los consellers que están en Bruselas puedan votar y formar el nuevo Govern de la misma manera.
Ahora mismo, Llarena garantiza que, de los 62 escaños con voto presencial en el Parlament, haya tres más de diputados que podrán votar por voto delegado. Lo que sitúa la mayoría independentista en 65, a sólo 3 de la mayoría absoluta, facilitando las decisiones de los consellers que están en Bruselas.
El magistrado acuerda que por el Parlament de Catalunya se habiliten los instrumentos necesarios para que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn "puedan acceder a su condición de parlamentarios en los términos exigidos en el artículo 23 del Reglamento del Parlament, a pesar de la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la cual actualmente se encuentran". Eso quiere decir que Junqueras, Sànchez y Forn tendrán que delegar su voto en otro diputado.
El juez declara la "incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del pleno del Parlament de Catalunya", de manera que si los investigados lo solicitaran, "corresponde a la Mesa del Parlament arbitrar —en la forma que entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello—, el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de prisión provisional".
Oriol Junqueras había pedido esta semana, tanto el traslado a una prisión catalana, como un permiso para poder asistir a los plenos del Parlament de Catalunya.