El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la pieza Dina, ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las últimas horas en redes sociales y en algunos medios de comunicación, y que le colocan "en una situación de indefensión y de descrédito profesional".
En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia esta campaña pública que se ha iniciado contra su persona desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la pieza Dina de la macrocausa Tándem.
El Tribunal Supremo debe decidir sobre la implicación de Pablo Iglesias en el caso Dina / EFE
El caso de Iglesias al Supremo
En esa exposición razonada, de la que el Supremo ya ha solicitado informe a Fiscalía, sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo —ambos aforados—, así como de otras cuatro personas. Solicitaba que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
En esta pieza se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo —hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.
Buscan intimidar a los jueces
Ahora, en su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son repetidos y amplificados por muchos dirigentes, "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la nación". En este sentido, denuncia que esos dirigentes con visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, "señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
La denuncia ante la policía
El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que "podrían revestir carácter de infracción penal".
Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel. Recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo y "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".
El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman facha, prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.