El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la apertura de juicio oral al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, por delito electoral, en su modalidad de falsear cuentas, en los comicios autonómicos de 2011, además de tráfico de influencias en concurso con malversación y de prevaricación en la pieza 9 del caso Púnica, según ha informado el tribunal este miércoles. El magistrado ha rechazado declarar partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados autonómicos que resultaron escogidos en aquellas elecciones, tal como le pedía la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ( ADADE). También ha descartado que los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González se sienten en el banquillo de acusados en calidad de partícipes a título lucrativo, como exigía la Fiscalía.
En la resolución, el juez también envía a juicio al exgerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y a los investigados Alejandro de Pedro, Isabel Gallego, Borja Sarasola, Diego Mora Borobia y José Martínez Nicolás. Con respecto al expresidente de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio González, recuerda que la causa fue sobreseída para él en octubre de 2022, decisión confirmada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el noviembre pasado.
Pretensiones "genéricas"
El magistrado sostiene que las pretensiones de responsabilidad civil, exigidas por la acusación popular ADADE son "formuladas en genérico y no pueden prosperar en este punto del procedimiento, después de una prolongada instrucción, sin mayor grado de concreción en cuanto a cada uno de los supuestos partícipes enumerados". Es decir, de los 72 políticos que obtuvieron el acta con la lista del PP. La misma conclusión realiza el juez respecto de solicitud del Ministerio Fiscal de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González.
“Entiende este magistrado que la sujeción de las partes a este criterio exige ser coherente, manteniendo la misma posición en esta resolución. En consecuencia, se desestiman las solicitudes de responsabilidades a título lucrativo”, concluye García-Castellón
Penas de prisión
La Fiscalía pide para Francisco Granados 3 años de prisión por el delito electoral, pena que eleva a 3 años y 6 meses para Beltrán Gutiérrez, además de que abonen una multa de 9.720 euros cada uno y que sean inhabilidades para ocupar un cargo público durante 9 años. Sostiene que concertaron campañas de publicidad por los actos electorales del PP, que fueron escondidos a la cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas del 2011. Además, pide para Granados 10 meses más de prisión por tráfico de influencias y multa de 284.000 euros, y de 8 años de inhabilitación especial para cargo público por el delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía también pide que Granados devuelva 142.000 euros en la Comunidad de Madrid.