El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este jueves el ingreso en prisión de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa de un presunto fraude del IVA de los hidrocarburos de más de 180 millones de euros. De Aldama fue detenido el pasado lunes junto a una docena de personas. Y este jueves ha abandonado la Audiencia Nacional en una furgoneta con destino al centro penitenciario de Soto del Real. Iba también dentro de aquel vehículo su socio Claudio Rivas, que está vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel.
Con su decisión, Pedraz obedece a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el ingreso en prisión de uno de los principales protagonistas del caso Koldo. El Ministerio Público investiga un entramado societario en el sector estratégico de los hidrocarburos que, en solo dos años, llegó a defraudar a Hacienda 182 millones de euros; no solo defraudando cuotas a la Agencia Tributaria; también por blanqueo de capitales.
El papel de De Aldama en el caso Koldo
Este miércoles se hizo público un nuevo informe de la UCO que sostiene que el empresario Víctor de Aldama era el "nexo corruptor" que conectaba "de forma premeditada y con intenciones claramente espurias" el Ministerio de Transportes (durante la primera etapa de Ábalos en el Gobierno se le llamaba departamento de "Fomento") con la trama Koldo. El documento de 87 páginas afirma que sus sociedades "no solo le proporcionaban beneficios económicos directos derivados de la penetración en el Ministerio" que entonces capitaneaba el hombre de confianza del presidente del Gobierno, sino que también eran utilizadas como "vehículos para efectuar pagos ilícitos u obsequios con la finalidad de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos".
El informe también sostiene que es evidente el "poder" que tenía De Aldama, porque "consiguió infiltrar a su presunta organización criminal dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" a través de la colaboración activa de Rubén Villalba, el agente de la Guardia Civil destinado a Venezuela y que fue detenido por el caso Koldo. La UCO también destaca que Villalba habría recibido una contraprestación económica con la finalidad de asegurar la protección y la continuidad de la presunta organización criminal a través de dos ejes: garantizar la seguridad interna u orgánica de sus miembros —lo cual incluye las comunicaciones y la seguridad personal— y también garantizar la seguridad externa, que implica "proteger los actos de corrupción propios de la operativa delictiva".
De Aldama pagaba el alquiler del piso de la pareja de Ábalos
La película no acaba aquí. Porque la Guardia Civil también ha revelado en sus informes que el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, estuvo pagando durante tres años los 2.700 euros de alquiler mensuales que costaba el apartamento de Jéssica, la pareja de Ábalos. El piso se sitúa en la undécima planta de uno de los edificios más altos de Madrid, situado en la céntrica plaza de España. La UCO apunta que De Aldama habría utilizado algunos testaferros para abonar hasta 88.000 euros a la pareja del hombre de confianza de Pedro Sánchez. El informe apunta que De Aldama empezó a pagar este alquiler un año antes de que empezara a operar la trama corrupta que ha dado nombre al 'caso Koldo'. La Guardia Civil concluye que aspectos como este señalan a Ábalos de forma directa en la trama, así como la compra de una casa para el exministro en la urbanización Alcaidesa Playa.
Ábalos, de nuevo en el punto de mira
Es por esto que este jueves, el Tribunal Supremo ha preguntado —a petición del juez del caso Koldo— a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, si José Luis Ábalos es un parlamentario en esta cámara y si, por lo tanto, tiene condición de aforado. La decisión del magistrado Ismael Moreno abre la puerta a dirigirse al Tribunal Supremo para que impute a quien fuera el hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez (número tres del PSOE como secretario de Organización del partido y ministro de la importante cartera de Fomento). Porque cuando una persona está aforada por su condición de diputado, solo el alto tribunal tiene competencias para investigarla. La petición del magistrado Ismael Moreno, que investiga las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia del coronavirus, llega después de que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid recibiera un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.