Previsible. El juez Manuel García-Castellón ha acordado que prorroga seis meses más la investigación del caso Tsunami Democràtic por las diligencias que tiene pendiente de recibir, según una resolución comunicada este lunes al mediodía. El magistrado de la Audiencia Nacional reactivó la causa el 6 de noviembre pasado, cuando imputó el delito de terrorismo al president Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a diez personas más. Junts e, incluso, el PSOE han criticado al titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al considerar que está torpedeando que Puigdemont y los otros políticos en el exilio se puedan acoger a la ley de amnistía.
El magistrado expone en la resolución que no puede cerrar la investigación porque está pendiente de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional resuelva los recursos presentados por la Fiscalía —con la adhesión de todas las defensas—, que ha asegurado que en la causa no hay indicios del delito de terrorismo, sino de desórdenes públicos, y descarta la autoría a los políticos. La jugada de García-Castellón es que antes de esperar la respuesta de la Audiencia Nacional envió a la vez al Tribunal Supremo la exposición razonada de los indicios contra Puigdemont. Y si el Supremo aprueba su tesis, la Audiencia Nacional tendrá que acatarla, a pesar de no compartir que los hechos investigados encajan en el delito de terrorismo.
Así, la nueva prórroga del caso Tsunami se ha fijado hasta el 29 de julio de 2024, fecha que casi coincidirá con la jubilación del juez García-Castellón.
Fuera de plazo
En la resolución, el juez también descarta que en 2021 se hubiera saltado el plazo y, por lo tanto, toda la investigación siguiente sea nula, como le recalcó el abogado Gonzalo Boye, que lleva la defensa de Josep Lluís Alay y de Puigdemont. Cuando el magistrado preguntó a las partes por la prórroga de la investigación, puesto que se acababa este lunes, Gonzalo Boye le respondió que está fuera de plazo desde el 29 de julio de 2021, dado que la prórroga dictada entonces se acordó cuando ya se había agotado el calendario para hacerlo y, por lo tanto, cualquier investigación posterior vulnera la ley y es "nula de pleno derecho". Por todo ello, pedía que se declare la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo desde julio del 2021 y el sobreseimiento del procedimiento.
Por contra, el juez García Castellón responde a Boye que no ha cometido ninguna irregularidad, y que el artículo 324 de la LECrim lo que fija es que no se pueden hacer nuevas diligencias de investigación si el plazo se ha agotado, que, en el caso de Tsunami, sostiene el magistrado que no ha pasado. Precisa que la resolución del 30 de julio de 2021 dio continuidad al plazo de instrucción, y que el último día era el 29 de julio de 2021.
Indicios fundados
El juez García-Castellón también descarta los recursos de los abogados Benet Salellas y Marina Roig, también contrarios a la prórroga de la investigación, en este caso porque sostienen que la Audiencia Nacional no es la competente para investigar los hechos. El magistrado les replica: “No se trata de imputada sospecha o conjeturas. Existen indicios fundados y serios de la comisión de los hechos delictivos susceptibles de calificarse como acciones de terrorismo”. Además, precisa que hay auxilios internacionales que no han sido contestados, como todas las diligencias, algunas de ellas repetidas, que pidió el viernes pasado el mismo juez. Incluso una línea nueva: intentar un acto contra la comitiva real el 2020.
Prórroga de Volhov
La prórroga del caso Tsunami Democràtic coincide este lunes con la dictada por el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, que considera que tiene que mantener la investigación seis meses más al encontrar más indicios que una trama rusa quería ayudar al president Puigdemont en el procés de independencia el 2017. Son dos causas penales que se interpretan claramente para intentar frustrar una posible amnistía al president en el exilio.