Más acciones. El magistrado Manuel García-Castellón ha hecho una nueva resolución, este lunes, en la cual ha ordenado nuevos requerimientos a organismos españoles, incluso a europeos, para aclarar las "incidencias" que la manifestación masiva en el aeropuerto del Prat contra la sentencia del Procés, el 14 de septiembre de 2019, ocasionó en el espacio aéreo, y que imputa a los 12 investigados por terrorismo a los cuales considera organizadores de Tsunami Democràtic, la plataforma anónima que impulsó las manifestaciones.
Ahora incluso, el juez ha ordenado: "Oficiar a la OTAN, a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para recabar las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT), cualquier incidencia que se haya podido registrar en el tráfico aéreo nacional e internacional, relacionada con los hechos que tuvieron lugar el 14/10/2019 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. En caso de que se hubiera registrado alguna incidencia, se solicita que se proceda a su desclasificación, en caso de que esté clasificada como secreta, para su incorporación al procedimiento penal", afirma la resolución.
El titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional indica que todas las respuestas sean enviadas en copia al Tribunal Supremo, donde elevó una exposición razonada para que investigue al president en el exilio, Carles Puigdemont, puesto que al ser diputado en el Parlamento Europeo se considera que es aforado en este alto tribunal.
Ciudadano francés muerto
Además, el titular del juzgado Central de Instrucción 6 solicita la colaboración de las autoridades francesas para buscar a la familia del ciudadano francés muerto horas después de estar en el aeropuerto, coincidiendo con la protesta del 2019, a pesar de que su hija ya ha dicho que no quiere remover el caso, según se publicó este fin de semana. El hombre sufría una cardiopatía y fue trasladado al Hospital de Bellvitge, donde murió y se certificó que era por causas naturales.
En concreto, el juez ha ordenado que se pida a la autoridad competente de Francia "a fin de identificar a los familiares de Jean Claude Scherzinger, procediendo a efectuar el oportuno ofrecimiento de acciones a la familia, con información de que es lo que pueden hacer para ser parte en el procedimiento penal".
El magistrado añade que "hay la necesidad de obtener la declaración de Francine Scherzinger," la mujer del ciudadano muerto, que estaba con él, "para conocer, de primera mano, qué sucedió, y recabar declaración testifical sobre las circunstancias de la defunción, con todos los datos que puedan servir para esclarecer en qué medida los acontecimientos que tuvieron lugar el 14/10/2019 pudieron afectar el fatal desenlace".
Pericial del Prat al hospital
Con esta acción, el juez de la Audiencia Nacional ignora la resolución de una jueza de l'Hospitalet de Llobregat que el 2019 afirmó que "no era delito" la muerte del ciudadano francés, ante los informes médicos, y archivó la causa sin hacer ninguna actuación.
No obstante, el juez insiste a imputar el muerto a los investigados de Tsunami. Y ha ordenado a la Guardia Civil que “se haga una comprobación pericial para identificar la distancia entre las Terminales T1 y T2 del aeropuerto de Barcelona y el Hospital de Bellvitge, el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado desde el Hospital al Aeropuerto, y si resulta justificado el uso de un helicóptero”. También que el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) detalle todas las incidencias médicas contabilizadas al aeropuerto del Prat.
Peticiones a la UE
Además, el juez de la Audiencia Nacional ordena a la Guardia Civil que pida a ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "todas las incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registradas el 14/10/2019, vinculadas a los hechos que se produjeron en el aeropuerto del Prat de Barcelona; si se tuvo que desviar algún vuelo con destino al Aeropuerto del Prat aquel día; afectación al funcionamiento de otros aeropuertos nacionales e internacionales, y cualquier incidencia registrada en la torre de control de Barcelona-Gavà".
Además, el magistrado manda "oficiar a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) a fin de que informe en relación con todas las incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registradas", el 14 de septiembre de 2019, vinculadas a los hechos que se produjeron en el aeropuerto del Prat, y "si se tuvo que desviar algún vuelo con destino al aeropuerto del Prat y por qué razón", y "afectaciones en el funcionamiento de otros aeropuertos nacionales e internacionales".
Influir en las elecciones del 9-N
Paralelamente, el juez García-Castellón añade que "la investigación ha permitido comprobar que Tsunami Democrático trató de influir en el proceso electoral", de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Sostiene que Tsunami "convocó a través de Twitter y Telegram a sus seguidores a desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), organizando durante la jornada de reflexión del día 9 de noviembre, una serie de actividades culturales, políticas y festivas en todas las ciudades, pueblos y barrios del territorio de la comunidad autónoma catalana, pretendiendo, con esto, interferir en el proceso electoral".
Por eso, ahora el juez ordena oficiar a la Junta Electoral Central a fin de que informen sobre las actuaciones hechas en relación con los hechos que tuvieron lugar a la jornada de reflexión del 9 de noviembre de 2019. "El informe tendrá que incluir si se llegó a efectuar algún requerimiento para impedir estas acciones", precisa el magistrado. Además, reclama en el Ayuntamiento de Barcelona que informe si se autorizó el montaje de un escenario en la Plaza Universidad para la celebración de algún tipo de espectáculo o celebración. Y precisa: "En caso de que así fuera, que se identifique a quienes pidieron permiso para el acto". Y, a la vez, solicita a la Guardia Urbana de Barcelona para que remitan todos los registros que conserven sobre la celebración, así como informes, denuncias, atestados, registros fotográficos o de video. Todo-indica- que tiene el objetivo de aclarar "si se hizo algún acto de naturaleza política expresamente prohibido por la LOREG". Con el mismo objeto, también pide información a la Delegación del Gobierno de Catalunya.
El juez lo pide todo ahora, pasados cuatro años de los hechos y del inicio de las investigaciones, que durante meses estuvieron secretas, y de las cuales países como Suiza negaron su colaboración al considerar que eran actuaciones dentro del marco político, y no penal.