El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de las causas de Tsunami Democràtic o los CDR, estaría pensando en jubilarse este verano, según ha comunicado ya a su entorno y adelanta este miércoles El Confidencial. El polémico magistrado, acusado por parte del independentismo y del espacio a la izquierda del PSOE de "prevaricación" y de intentar intervenir en la política para entorpecer la amnistía, tendrá que retirarse obligatoriamente en octubre, al llegar a la edad máxima permitida —incluida prórroga— a los jueces para mantenerse en activo, 72 años. Si bien finalmente García-Castellón podría avanzar a verano, una fecha clave porque ya podría haber quedado aprobada definitivamente la amnistía al Procés —prevista para junio—, una ley que tendría la obligación de aplicar en las causas que mantiene abiertas.
Aunque el magistrado vallisoletano tendría que haberse jubilado con 70 años, tal como fija la Ley Orgánica del Poder Judicial, hace casi dos años pidió una prolongación del servicio en activo hasta la edad máxima de 72, una edad a la cual llegará en octubre de este 2024. Cogiéndose los permisos y vacaciones que mantiene acumulados y no ha gastado, el magistrado podría anticipar el momento de su jubilación a este mismo verano.
Encargado de Tsunami y los CDR, imputa por terrorismo
García-Castellón ha sido duramente criticado por parte del independentismo catalán por su papel como magistrado encargado de los casos de Tsunami Democràtic y los CDR, a cuyos encausados ha imputado por un supuesto delito de terrorismo. Unas imputaciones a figuras como el president Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que, además, han coincidido con las negociaciones con el PSOE para la amnistía durante el año pasado. Estas imputaciones han hecho irse al extranjero una nueva oleada de políticos independentistas y personas vinculadas al Procés, como el diputado de ERC Ruben Wagensberg, el periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó o el activista Oleguer Serra.
Magistrado polémico: criticado por el independentismo y la izquierda
Tanto los líderes soberanistas como voces relevantes dentro Sumar, partido dentro de la coalición de Gobierno, han acusado al magistrado de "prevaricación" y de intentar intervenir en política, entorpeciendo los acuerdos entre partidos y queriendo hacer descarrilar la amnistía. Incluso la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, vinculada al PSOE, señaló a García-Castellón por acostumbrar a actuar "en momentos políticos sensibles".