El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) irá a juicio por el caso Inipro, de supuesta corrupción en el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS) de Tarragona, a favor del partido, liderado por Salvador Illa. El titular del juzgado de instrucción 1 de Tarragona ha abierto juicio oral contra el exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, actualmente conseller del grupo municipal del PSC en el consistorio, y ocho personas más, a los cuales impone una fianza solidaria 367.290 euros. En la resolución, del 24 de marzo pasado, el juez también ha ordenado al PSC que deposite una fianza de 276.157 euros para afrontar el juicio como partícipe a título lucrativo, y a cuatro personas más. La resolución puede ser recurrida. El Ayuntamiento de Tarragona ejerce de acusación particular y la CUP, de acusación popular.
La Audiencia de Tarragona desestimó los recursos de apelación de los principales acusados, en mayo de 2020, al considerar que hay indicios suficientes de delito. Además del exalcalde, también serán juzgados: la concejala del PSC Begoña Floria; la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gatillo; Enrique Manuel Miró, administrador d'Itinere Servicios Educativos; y Enriqueta Aznar, técnica del IMSS. La Audiencia de Tarragona dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto a la funcionaria municipal Araceli Saltó; y los trabajadores Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri. El juez de Tarragona considera que los trabajadores Lozano, Baltaretu, Cepero y Bulzuri son partícipes a título lucrativo, como el PSC, a los cuales también pide fianzas de 276.121 euros (Cecilia), de 137.276 euros (a Carlos i Vasile y Judit), y 138.585 euros (a Mario).
Delitos
Ballesteros es acusado de los delitos de prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, soborno, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública. A su vez, la concejala Floria lo está por supuesta alteración de precios en concurso y subastas públicas, soborno, tráfico de influencias, malversación y abuso en el ejercicio de la función pública. La fiscalía y las acusaciones ejercidas por el ayuntamiento y la CUP tendrán que presentar los respectivos escritos de acusación. Después, las defensas presentarán los suyos, y la Audiencia de Tarragona fijará la fecha de juicio.
La causa se centra en el contrato suscrito el año 2010 entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante, pero, según el juzgado de instrucción 1 de Tarragona, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, lo que se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.