El caso del exdirigente de Junts Eduard Pujol continúa con su giro de 180 grados. El juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha impuesto a una de las mujeres que le acusaron de acoso, E.R.F., una fianza de 92.278,87 euros. "Todo ello con la finalidad de garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar de la causa", señala la diligencia donde se advierte que en caso de que no se materialice esta fianza "se procederá, sin más trámite, al embargo de sus bienes en cuantía suficiente".

El juez ha añadido este escrito a las actuaciones que se dictaron el pasado 5 de mayo de apertura del juicio oral contra la mujer por amenazas, después de que llegó a enviar más de 3.000 mensajes de Whatsapp al exdiputado.

Pujol fue suspendido de militancia en el partido y renunció a su cargo de portavoz parlamentario de Junts a finales de octubre del 2020, después de que dos mujeres denunciaron ante la formación que habían sido asediadas por el entonces portavoz parlamentario. Meses más tarde, ante el hecho de que ninguna de las dos mujeres recurrieron a la justicia, Junts tuvo que rehabilitar a Pujol en su militancia.

Reproche del juez a Junts

Precisamente, el juez Joaquín Aguirre, que se encarga del segundo caso, el que afecta a la concejala de Pineda Noemi Llorens, ha dedicado un toque de atención a Junts. Asegura que Pujol ha sufrido un grave perjuicio económico, social y político a consecuencia de "la acusación calumniosa y de la fulminante actuación de los gestores del partido político al cual pertenecía sin haber tenido la más mínima constatación de la veracidad de las acusaciones formuladas contra él".

El juez considera que la sanción disciplinaria, con la suspensión de militancia y la renuncia al cargo de portavoz, "vulnera todas las reglas del derecho a la defensa que tiene cualquier persona, no solo en el proceso penal, sino en cualquier ámbito disciplinario de la vida." Aguirre reprocha que Junts ha infringido toda la jurisprudencia sobre la presunción de inocencia, cuyo cumplimiento no tiene que ser ajeno al ámbito político interno de los partidos. "Si un partido político con cargos de gobierno autonómico vulnera, indiciariamente ni que sea, aquella jurisprudencia no daría fiabilidad respecto de la conveniencia y equidad de las leyes que se aprueban en el Parlamento, aparte de causar un perjuicio irreparable al afectado," reprocha recordando que, a pesar de se ha levantado la suspensión de su militancia, ha perdido su escaño en el Parlament y oportunidades laborales.

Junts fulminó en octubre del 2020 al que era su portavoz en la Cámara catalana y lo expulsó de la formación a raíz de la acusación de acoso que dos mujeres formularon contra él. No obstante, ocho meses más tarde las acusaciones no se concretaron ante el juzgado y Junts procedió a intentar resarcir a su exdirigente, empezando por devolverle la militancia.