La lupa de la Audiencia Nacional se amplía. Tal como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor Manuel García Castellón ha imputado a la exsecretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en el marco de la Operación Kitchen. El magistrado ha acordado citarlos como investigados por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en el marco de la investigación del operativo parapolicial que pretendía espiar y robar documentación comprometedora a Luis Bárcenas. Tanto Cospedal como López del Hierro comparecen hoy en la comisión de investigación de la Kitchen en el Congreso de los Diputados.
El juez también ha citado, por los mismos delitos, al exjefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz; el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el excomisario José Manuel Villarejo. Cospedal ha sido citada el próximo 29 de junio; López del Hierro i Ortiz, el 30 de junio, y Villarejo y Martínez, el 1 de julio.
Ignacio López del Hierro estaba justamente compareciendo este miércoles por la mañana en la comisión de investigación de la Kitchen en el Congreso de los Diputados cuando se ha hecho pública el auto. Desde el principio se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha explicado que "por indicaciones jurídicas" no contestaría a ninguna pregunta. Cuando ha saltado la noticia, ha admitido que la citación no le ha cogido por sorpresa. La exministra y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal lo hará a las tres de la tarde.
La imputación de Cospedal y López del Hierro fue solicitada por la fiscalía el pasado septiembre. El magistrado instructor considera procedente acordarla ahora, "una vez se han realizado las declaraciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y estudiado la documentación recibida". Y de estas declaraciones y documentación García Castellón infiere la participación de la exsecretaria general del PP y su marido en el operativo parapolicial.
En el auto, de 16 páginas, García Castellón relata que la instrucción ha permitido conocer "aspectos clave de la trama", como la captación del chófer Sergio Ríos, los pagos por su colaboración, el círculo de policías implicados así como la participación del exministro Jorge Fernández Díaz y de su mano derecha en Interior, el exsecretario de Estado Francisco Martínez.
La resolución señala que los policías habrían tenido pleno conocimiento de la Operación Kitchen y de su carácter ilícito "al tener como objetivo la substracción de pruebas de un procedimiento judicial, y la utilización durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de esta manera desviados de las estrictas finalidades legalmente previstas para su autorización y uso". La investigación recoge las grabaciones de Villarejo, un oficio policial que analiza las agendas incautadas al excomisario y determinados pasajes de la declaración de Luis Bárcenas.
La participación de Cospedal y López del Hierro
El magistrado de la Audiencia Nacional apunta que, de estas agendas intervenidas, se puede desprender que la Operación Kitchen nació el 11 de julio del 2013. La anotación dice el siguiente: "Charla 45 minutos. Plan contra LB. Interv.Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". A partir de este momento, añade el juez, "se detecta una cadena de anotaciones que permite inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López Hierro en la captación de Sergio Ríos".
En este contexto, Manuel García Castellón asegura que "resultaría conveniente escuchar a María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro sobre su participación en la captación de Sergio Ríos en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo, pudo haber sido decisiva para que este se decidiera a participar."
"Operativo parapolicial"
Según el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, los "órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado" crearon un "operativo parapolicial" que actuó, al margen de la ley, "al menos entre los años 2013 y 2015". Su objetivo, conseguir "material documental comprometedor de altos dirigentes" de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y así neutralizar las amenazas políticas al gobierno de Mariano Rajoy. Se le realizaron hasta 55 seguimientos sin orden judicial, según las informaciones publicadas del sumario del caso. El principal objetivo fue su chófer, Sergio Ríos, que habría cobrado 53.000 euros para robarle documentación, entre la cual había audios comprometedores.