El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González.

El juez García Castellón sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió la contratación del excomisario José Manuel Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar. González ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre.

Asimismo, ha convocado para la misma fecha a Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró senior advisor to the chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, de acuerdo a las mismas fuentes.

Petición de la Fiscalía Anticorrupción

La imputación firmada este jueves se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, que habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.

La investigación de esta pieza cogerá así nuevo impulso a partir del próximo lunes, cuando además de los mencionados serán llamados a declarar el propio banco en calidad de persona jurídica, en una citación que se ha suspendido dos veces por razones de agenda del juzgado y relativas a la defensa, y que se materializará el día 20 de noviembre.

Asimismo, el juez prevé tomar declaración sobre este asunto a personas del entorno de Villarejo, como el policía que en segunda actividad trabajaba para una de sus empresas, Antonio Bonilla, y que ya está imputado en otras piezas de la causa, por la participación que pudo tener en la ejecución de los encargos realizados para el BBVA y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

Una decena de altos cargos investigados

Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa, que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé que superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de proyectos y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume que era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.

Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.

No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe forense encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.