El Tribunal Supremo afianza sus acusaciones contra el fiscal general del Estado. Después de considerar que es una “evidencia” que Álvaro García Ortiz ha hecho “desaparecer pruebas”, el juez Ángel Hurtado esgrime en un nuevo auto, en el que rechazo su recurso de reforma contra la decisión de citarle como investigado, que hay “elementos indiciarios suficientes” para atribuirle una filtración “indebida” del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que había cometido dos delitos fiscales. “Lo determinante para dirigir el procedimiento es que hay elementos indiciarios suficientes para atribuirles [a él y a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, también investigada] la filtración, a las 23.51 horas del día 13 de marzo en la SER, de la información contenida en el correo de 2 de febrero, que recoge datos personales tan íntimos y privados, como es reconocer unos hechos, que no había razón para dar a conocer a otros, si no lo autorizaba su titular, así como la elaboración de la nota de 14 de marzo, que no es sino la prolongación y corroboración de la indebida filtración que llevaron a cabo la noche anterior”, esgrime el magistrado. En otro auto, ha decidido archivar la investigación a la mano derecha del fiscal general del Estado, Diego Villafañe, que es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, porque “los indicios en su momento tenidos en cuenta para declararle investigado han perdido la potencia como para mantener tal condición”.

 

En este sentido, Ángel Hurtado acoge la argumentación del abogado de Alberto Gónzalez Amador: “En unidad de acto, se suceden dos secuencias. Una, como es la filtración y revelación del correo y el anuncio de la publicación de la nota. Y otra, que se convierte en una realidad a la mañana del día siguiente, la propia publicación de la nota, que, al parecer, pudo irse redactando en paralelo a la transcripción de la filtración del correo”. “Centrarse en otras circunstancias que se alegan por los recurrentes, por lo tanto, es desviar el foco de atención”, subraya. Y añade otro argumento: “No es asumible la hipótesis de acudir a la mera posibilidad abstracta de que un indeterminado número de personas, que ninguna relación guardan con los hechos, pudieran ser autores de la ilícita filtración que se investiga, cuando lo actuado permite concretar la implicación en ella de los investigados, de manera que, desde el momento que así cabe presumirlo, por incompatibilidad y exclusión, queda descartada esa indefinida hipótesis planteada por la defensa”. Responde así a las alegaciones de Álvaro García Ortiz, que argüía que hubo muchas personas que tuvieron acceso al correo.

Asimismo, el juez recuerda el “interés que mostró” el fiscal general del Estado por “hacerse con el correo” de 2 de febrero y que, “cinco minutos después, inmediatamente de ‘cerrar el círculo’, aparezca filtrado su contenido en un medio de comunicación”. A su parecer, aquí es “donde hay que poner el acento”. ¿Quién dijo ‘cerrar el círculo’? Fue el fiscal general del Estado el 13 de marzo por la noche en una conversación de WhatsApp con Pilar Rodríguez: “En cuanto lo tengas. […] Lo necesitamos para cerrar el círculo”, le dijo a las 23.43 horas para pedirle un correo del 5 de marzo que le faltaba. “¡Lo tengo! Voy. Enviado”, confirmó ella. Y pocos minutos después el contenido del correo del 2 de febrero se publicó en la SER. “Como se consideró que había suficientes indicios para presumir ese interés y la inmediata filtración, una vez reunida la información que buscaba, se estimó que pudo ser quien lo filtrase”, añade ahora el magistrado.

Una “línea de desviar la atención sobre el perturbador efecto para la privacidad y quiebra a la confidencialidad”

En su justificación, el juez reprocha a Álvaro García Ortiz que mantenga una “línea de desviar la atención sobre el perturbador efecto para la privacidad y quiebra a la confidencialidad” que supuso la filtración del correo de 2 de febrero, que incluía un “hecho tan íntimo y particular como es la confesión de un delito, que se difunde sin autorización del dueño del secreto”. Concretamente, esgrime que el hecho de que la confesión de la pareja de Ayuso llegara a la prensa sí tuvo un efecto, dado que “es una evidencia, por ser notorio, que González Amador, en determinados medios y ámbitos, se le viene llamando defraudador o delincuente confeso, cuando no ha recaído sentencia condenatoria que así lo declare”. “En ese cometido de informar, lo no tolerable son las extralimitaciones, de manera que, si la información que se da reviste carácter aparentemente delictivo, no puede servir de excusa para cerrar el paso a una investigación”, argumenta el auto.

El Supremo exculpa a la mano derecha del fiscal general del Estado

En un segundo auto, el juez Ángel Hurtado acuerda el sobreseimiento de la investigación a Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz como teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Hace un mes y medio, decidió investigarlo, aunque reconoció que “su papel en la participación de los hechos era de menor relevancia que el de los otros dos investigados”. Ahora, una vez practicadas determinadas diligencias, “los indicios en su momento tenidos en cuenta para declararle investigado han perdido la potencia como para mantener tal condición”. “La base indiciaria que se tuvo en cuenta en un momento inicial para atribuirle la filtración de la denuncia y expediente tributario a elDiario.es ha quedado considerablemente debilitada ante otras alternativas”, apunta el auto.

 

“Tampoco se puede establecer una relación precisa entre dicho expediente y que fuera utilizado para la elaboración de la nota informativa que se acabó publicando en la mañana del día 14 de marzo, redactada a base de la información que, exclusivamente, fue proporcionando Álvaro García Ortiz”, añade. Y concluye que el 13 de marzo por la noche solo habló una vez por teléfono con el fiscal general del Estado en una trucada que “nada aporta en relación con la información que buscaba Álvaro García Ortiz, pues ninguna intervención tiene Diego Villafañe en el intercambio de comunicaciones”. El fiscal del Estado se limitó a preguntarle si era conocedor de algún pacto o negociación entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador: Villafañe le respondió que no y él le contestó que se despreocupase porque estaba hablando directamente con la fiscal jefa provincial.