Tercera reactivación del caso Volhov. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha solicitado ahora información al Departament de Educació para aclarar si la operación que impulsaba el exconseller de ERC Xavier Vendrell, de trasladar el centro de educación especial de la Fundació El Brot a Villa Bugatti en Cabrera de Mar, podria ser una operación urbanística ilegal, con los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En un informe de abril pasado, la Guardia Civil sostiene que el Departament de Vicepresidencia favoreció una operación urbanística de Vendrell, investigado en el cas Volhov, y a través de fondos de la Obra Social La Caixa. El cuerpo armado detalla que unos 149.718 euros de la subvención en El Brot "podrían haber sido destinados a otros fines", como por ejemplo para avanzar la operación urbanística.
Así, en una resolución del 23 de abril pasado y conocida hoy, el magistrado Joaquín Aguirre expone que para aclarar esta operación urbanística pide al Departament de Educació distinta información. La primera, si el centro educativo El Brot es considerada un centro de educación especial después de la entrada en vigor del decreto 150/2017, y las características del alumnado de este centro. Además, reclama que se detallen los conciertos educativos, contratos, subvenciones y ayudas públicas que desde el 2017 haya recibido la fundación El Brot, de la cual es responsable Vendrell. Y, también solicita los gastos pagados total o parcialmente a través de Educació por otros organismos, que incluya el personal que trabaja.
En otras dos resoluciones, también fechadas el día de Sant Jordi, el juez Aguirre ha pedido investigar si el empresario y exlíder de Convergència, David Madí, investigado en el caso Volhov, cobró comisiones ilegales por sus entrevistas en la Generalitat, a través de su empresa consultora y en representación de empresas. Y hoy se ha sabido que ha citado a declarar como investigado al empresario ruso Alexander Dmitrinko, relacionado con el jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, también investigada en el caso Volhov.
El conseller
En un informe del febrero pasado, la Guardia Civil insistió en que el actual conseller d'Ensenyament, Josep González Cambray, estaría implicado en el caso Volhov, en concreto de la operación de Villa Bugatti, donde el exconseller de ERC Xavier Vendrell impulsaba la construcción de un centro de educación especial. El proyecto era trasladar de Sant Joan Despí a Cabrera de Mar el centro de la Fundación El Brot. Según el cuerpo armado, González Cambray cuando era director general de centros públicos, habría impulsado el proyecto de Vendrell a pesar de saber que no cumplía los requisitos legales. En esta pieza también se investiga a Pilar Contreras, entonces directora general de centros concertados y privado. Si la investigación avanza y hay indicios contra el actual conseller, el juez Aguirre tendría que hacer un informe motivado para elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que es aforado y solamente lo puede investigar el alto tribunal catalán. La operación no se realizó, porque desde Educació se le decía que faltaban algunos requisitos, hecho por el cual Vendrell se quejaba, según las llamadas intervenidas.
Alcalde de Cabrera
En la operación Volhov, en octubre de 2020, también se detuvo al alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (Junts), y al concejal de Urbanismo, Enric Mir (ERC), a quien Esquerra hizo dimitir, ya que en los registros en su despacho municipal se le encontraron 38.000 euros en efectivo, de los cuales aseguró que era para pagar un inmueble familiar que nada tenía que ver con Villa Bugatti.
El alcalde Mir declaró, después de ser puesto en libertad, que la Guardia Civil habría podido pedir la documentación sobre el expediente de Villa Bugatti que buscaba y la habrían entregado. En relación con el cambio de usos de la finca de Villa Bugatti, el alcalde afirmaba que toda la tramitación se había hecho de manera correcta y con el aval de todos los informes técnicos y jurídicos preceptivos. Mir negaba así cualquier conjura con el también detenido y exconseller de ERC, Xavier Vendrell, que es quien se habría beneficiado del trámite urbanístico. La Guardia Civil sostiene que con este cambio de usos el precio del solar de Vendrell pasaba de cinco a diez millones de euros. "Lo que se pretendía es que el Ayuntamiento y la Generalitat fueran ágiles en la tramitación, sin infringir en ningún caso la ley", sostubo Mir.
El cambio de usos pasó el trámite de la aprobación inicial en febrero, en un pleno municipal con nueve votos a favor, una abstención y ningún voto negativo. Para poder consumar el proyecto, sin embargo, todavía había que pasar el trámite de la Generalitat para que se hiciera la aprobación definitiva de la modificación urbanística. El Ayuntamiento de Cabrera de Mar hizo un comunicado en el cual afirmaba que la operación policial de la Guardia Civil comportó un "espectáculo denigrante y exagerado" en el municipio.
