El juez que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Moncloa una lista con el detalle de los puestos de trabajo de los trabajadores y los asesores que ejercen tareas allí. El magistrado Juan Carlos Peinado ha solicitado también a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde se impartía el máster que Gómez codirigía y que ahora se investiga, que aporte todos los expedientes que se hayan podido tramitar para inscribir la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que también dirigía la mujer de Sánchez, en cualquier registro, ya sea de propiedad intelectual, marca, nombre comercial, software informático, derechos de autor o diseño industrial. La petición de Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, llega también una semana antes de la comparecencia de Begoña Gómez en sede judicial para declarar sobre la investigación que tiene en contra. La causa la abrió el magistrado a raíz de una denuncia del grupo de extrema derecha Manos Limpias y se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
La demanda del magistrado llega tras indicios que apuntan que una asesora de la Moncloa realizó gestiones a través de diversos correos electrónicos en nombre de Begoña Gómez relacionados con su trabajo en la Universidad Complutense. Esta trabajadora de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, ha sido citada a testificar los próximos días. Peinado indaga sobre si la asesora de la Moncloa llegó a trabajar para la mujer del presidente e intercedió en cuestiones relativas a los másteres y la cátedra en esta universidad pública madrileña. Según las acusaciones, Álvarez, directora de Programas de Presidencia del Gobierno podría haber incurrido en un delito de malversación.
En un correo electrónico de febrero de 2024, que consta al sumario de la investigación, Cristina Álvarez comunicó a la empresa Reale el interés de Begoña Gómez que la compañía aseguradora continuara patrocinando la cátedra. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que continuáis como patrones de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en aquello que necesitáis", decía el correo que envió a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale.
Cristina Álvarez no se identificaba con un cargo oficial y usaba una cuenta personal, pero a la cadena de mensajes sí que aparecía utilizando una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, donde firmaba como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. "Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir, una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez (...) proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas", indicaba un escrito la acusación del grupo de extrema derecha Hazte Oír
Pide registros a la Complutense
La demanda que el juez ha hecho a la Complutense trata de indagar también si Gómez cometió apropiación indebida del software de la universidad, por eso la petición de cualquier tipo de inscripción registral con relación a la cátedra. También pide al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, que aporte en un plazo máximo de cinco días la documentación relativa a la cátedra que se investiga y que durante su declaración delante el juez dijo que conservaba. Begoña Gómez aportó al juzgado unos correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez también participó en gestiones de la Complutense mientras ella codirigía uno de sus másteres. Fue el octubre del 2022 cuando dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) se dirigieron a Cristina Álvarez para proporcionarle información sobre como registrar el dominio de la página web, según constaba en uno de los correos que aportó la defensa de la mujer de Pedro Sánchez. En otro correo, consta que María José Sánchez Rosales (de la Gerencia de la Escuela de gobierno de la Complutense) comunicó a Begoña Gómez, a María Cristina Álvarez, a Blanca de Juan de Castro (coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva) y a Juan Manuel Ruano (codirector del Máster) que el pliego de prescripciones técnicas (por el cual se investiga Gómez por un presunto delito de intrusismo) tenía que firmarlo ella. Esto sirve a su abogado, Antonio Camacho, para esgrimir que lo firmó “porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente”.