El Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha llamado a declarar como querellada a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por un presunto delito de prevaricación en los permisos a manifestaciones. González tendrá que declarar el próximo 13 de enero de 2023, a las 11.30 de la mañana, después de que se ha admitido trámite una querella de la denominada Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que la acusa de prevaricación administrativa. El motivo de discusión es que la delegada prohibió que esta entidad crítica con la ley de la Memoria Democrática se manifestara ante el Congreso, y desplazó su protesta a la próxima plaza de las Cortes, mientras que al día siguiente permitió una protesta de signo contrario ante la cámara.

En el escrito, el juez señala que los hechos investigados "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa", cuya instrucción corresponde a este órgano judicial. La Asociación se quería manifestar ante el Congreso el mismo día que se aprobó la ley de la Memoria Democrática, el 13 de julio. Pero cuando los manifestantes llegaron al lugar de concentración, las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado les informaron que lo tenían que hacer "más abajo", lo que supuso, en opinión de los querellantes, una limitación ilegítima del derecho de reunión. Se quejan de que los desplazaron a un punto alejado del Congreso y sin visibilidad, y que al día siguiente la delegación permitió que se manifestara ante el Congreso una entidad memorialista, partidaria de la ley.

Según los querellantes, la delegada del Gobierno en Madrid actuó de tal manera que "en función del signo político de quien sea el convocante se produce una diferenciación, sin ninguna base legal, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión."

La entidad querellante considera los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Este artículo señala que a la autoridad o funcionario público que, conociendo su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve a quince años. El escrito presentado el día 11 de noviembre incluye la solicitud de declaración de la querellada –Mercedes González, delegada del Gobierno– en calidad de investigada, así como la de Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, en condición de testigo, junto con "las que se deriven" del proceso.

Según la ley, las manifestaciones solo se tienen que comunicar y no necesitan una autorización previa. Pero por razones de seguridad se puede cambiar la ubicación, de forma excepcional.