El caso de las vacunas a los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya todavía trae cola. Aunque el Govern cumplió las órdenes de los jueces y vacunó en primera dosis a todos los cuerpos dentro de los plazos marcados, los sindicatos de estas fuerzas de seguridad españolas decidieron emprender acciones legales. Ahora, el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia, en este caso interpuesta por la Jucil y la Jupol.
El juez Fernando Luis Criado Navamuel considera como razonamiento jurídico que los hechos "pueden ser constitutivos de un delito comprendido en el ámbito del artículo 757 en relación al 774 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, procediendo a la incoación de las diligencias previas." Y pide que "los Mossos investiguen los hechos y se traslade la denuncia al ministerio fiscal para que estime las diligencias que considere oportunas".
Recordamos que todo reside, por parte de lo que defiende la policía, de un presunto "delito de prevaricación contra el derecho de los trabajadores por parte de la Generalitat de Catalunya, no siendo suficientes las diligencias practicadas hasta el momento para formular la acusación." El artículo 757 se aplica "al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien en cualquier otra pena de diferente naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea la cuantía o duración".
La euforia de los sindicatos policiales
Esta noticia ha sido muy bien recibida por los que han puesto en marcha todo el proceso. Agustín Leal, portavoz de Jucil: "Jucil y Jupol denunciaron los hechos ante la justicia de Barcelona que se estaba negando la vacunación a la policía y la Guardia Civil. Gracias a eso ya se activó la vacuna a nuestros compañeros de esta comunidad autónoma. Vemos con muy buenos ojos que el juez ordene incoar diligencias de investigación a los Mossos a la Generalitat de Catalunya por un presunto delito de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores".
Por su parte, desde el Twitter, diferentes delegaciones de la Jucil y la Jupol han publicado la noticia y no han escondido su euforia. A modo de ejemplo, Jusapol ha ido más allá y asegura que "se puso en riesgo la vida de miles de policías". Además, también desea que la justicia "actúe con consecuencia" y sobre todo "contundencia".
Tuit del sindicato Jusapol
El inicio de la polémica
Hay que recordar que en su momento, el entonces todavía secretario de Salut, Josep Maria Argimon replicó, el mismo día que el TSJC impuso vacunar a estos cuerpos, la defensa de su equipo de sanitarios: "Nosotros somos profesionales de la salud que velamos por el bien común y que todo el mundo se vacune" y concluyó que le importa "un rábano la profesión de cada uno" porque prioriza dar cuidados y asistencia a todo el mundo. A pesar de todo, la estrategia de Salut queda en un segundo término y, finalmente, se impuso la respuesta de un juez.
Además, desde un principio, la Policía Nacional y la Guardia Civil no presentaron las cifras ni los datos de sus profesionales y eso hizo que se retrasara. Posteriormente, cuando lo reclamaron los propios sindicatos, coincidió con la suspensión de la vacuna de AstraZeneca con la cual se vacunaba a todos los profesionales públicos. Entonces, la llegada de nuevas vacunas como Pfizer y Moderna, destinadas tan sólo a grupos de más edad, se redirigió a este colectivo en buena parte, cumpliendo lo que dictó un juez.
Auto del juzgado de Barcelona
Fotografía principal: vacunación a los cuerpos de la Guardia Civil