Una jueza de Barcelona investiga al conseller Raül Romeva, el exsecretario del Diplocat Albert Royo y el secretario de Govern, Víctor Cullell, además de otros siete cargos de la Generalitat por malversar fondos públicos para "internacionalizar" el procés.
La investigación deriva de una querella que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial. En un auto, en que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona ha acordado citar como investigados a los cargos del Govern, acusados de desviar fondos públicos de la Conselleria de Exteriores entre los años 2011 y 2017 para "internacionalizar el derecho a decidir", mediante subvenciones y contrataciones de trabajos académicos supuestamente "arbitrarias".
El ex secretario del Diplocat Albert Royo en una imagen de archivo / ACN
Elevadas multas y penas de prisión
La jueza que lleva el caso, Carmen García, investiga si contrataron trabajos y estudios para crear las estructuras de una Catalunya independiente. Por todo eso, los cita a declarar por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial. Estos van asociados a elevadas penas tanto de prisión como abundantes multas.
https://www.elnacional.cat/uploads/s1/14/12/82/14/instruccio-18-auto-incoacio-previes-exterior-proces.pdfAparte de Rómeva, Royo y Culell, la magistrada también ha citado a declarar a Roger Albinyana (ex secretario de Asuntos Exteriores), Teresa Prohias (ex directora de servicios), Aleix Villatoro (ex secretario general de Exteriors), Roser Clavell (secretaria general del Diplocat entre el 2012 y el 2013), Manuel José Vila Motlló (ex director General de Cooperació al Desenvolupament), Gerard Martí Figueras (ex secretario general de l'Esport) y Antoni Reig (ex director del Consell Català de l’Esport).
Por otra parte, este jueves, Royo también ha anunciado en su cuenta de Twitter que el Tribunal de Cuentas le ha reclamado 4,5 millones de euros por "la acción llevada a cabo como secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017". Al detalle, indica que esta cuantía se debe a que este organismo considera que "la mitad del trabajo hecho era inconstitucional". También, ha añadido que le abren un segundo caso penal por todo ello, además de lo que ya tiene abierto por el referéndum del 1 de octubre.
El 31 de octubre de 2017, el Gobierno destituyó a Royo como secretario general del Diplocat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que había entrado en vigor la semana anterior. La noticia sobre la destitución la confirmó el mismo Royo en un tuit al Twitter. "Moncloa me ha cesado como Secretari General del Diplocat. Ha sido un placer trabajar para el país durante este tiempo y hacerlo al lado de un equipo genial", escribió.