No entiende el catalán. Es la afirmación que ha hecho un juez de Barcelona a dos de los cuatro investigados que este jueves ha citado a declarar por haber hecho tuits "humillantes" contra la familia de Canet de Mar que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara a la escuela Turó del Drac que la clase de P5 donde va su hija se realice el 25% de clases en castellano. El magistrado es el titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, Sergio Escalona Lebiere y su afirmación ha condicionado los derechos lingüísticos de los investigados. Precisamente, el Departament de Justicia inició una campaña este verano para garantizar que todo el mundo se exprese en la lengua propia en los juzgados.
La segunda sorpresa de este caso es que ningún representante de la Fiscalía de Barcelona se ha presentado a la declaración de esta mañana, aunque fue la fiscalía quien ha impulsado la acusación por el delito de odio y contra las libertades a estas cuatro personas, después de descartar a una cuarentena de tuiteros. Tampoco se han personado los abogados de VOX, Hablemos Español y la Asamblea por una Escuela Bilingüe que denunciaron los tuits a la fiscalía de Barcelona, el diciembre pasado.
La Fiscalía General tutela el caso
El tercer hecho excepcional en esta investigación de los tuits de Canet de Mar es que hay un expediente de seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado, en concreto de la Fiscalía de Delitos de Odio, en Madrid, según fuentes judiciales. Es un hecho excepcional, ya que la fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, encabezada por Miguel Ángel Aguilar, es la pionera en todo el Estado Español de hacer investigar hechos discriminatorios contra personas vulnerables y colectivos, como el LGTBI. La fiscalía especializada de Delitos de Odio es dirigida por el fiscal de sala, Fernando Rodríguez Rey, que ha estado bastantes años ejerciendo en Barcelona, en los ámbitos de Anticorrupción y Extranjería.
Defensa del debate lingüístico
En la comparecencia de hoy, uno de los investigados ha defendido ante el juez sus tuits al asegurar que se amparan en la libertad de expresión y en el debate lingüístico abierto en nuestro país, a raíz de la imposición por parte del TSJC de dar el 25% de clases en castellano en todos los centros educativos. A este ciudadano se le acusa de haber escrito "Ñ" de "ñordo" y pedir el aislamiento de la menor en la escuela, según la fiscalía.
El segundo investigado, a quien el fiscal acusa de hacer públicos los nombres y la dirección de la familia de Canet de Mar, se ha acogido a su derecho a no declarar. Su abogado, Josep Rosell, ha afirmado que espera que los perjudicados declaren primero, como es habitual en los procedimientos, y que están citados el 12 de septiembre, y al saber qué manifiestan pedirá al juez que vuelva a citar a su cliente.
Hacer canelones con la niña
El próximo 5 de septiembre están citados los otros dos investigados. Uno de ellos tuiteó que se podrían hacer canelones con los niños, que la fiscalía interpreta como una forma de "cosificar" a la menor afectada y un menosprecio a las personas que hablan en castellano.
Para la fiscalía, los denunciados "perseguían generar en la familia sentimientos de angustia, inquietud e intimidación que los hiciera desistir de su pretensión, sirviendo, en más, de aviso para otras familias que pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos". Por contra, las defensas aseguran que sus expresiones se amparan en la libertad de expresión y que hay otros casos más graves, contra catalanes y colectivos minoritarios que no son defendidos con tanta firmeza.