El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre (Canarias, 1958), ha pedido avanzar su jubilación al próximo 15 de enero de 2025, según ha podido saber ElNacional.cat. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado su visto bueno, ya que cumple los requisitos:tendrá más de 65 años (66) y reconocidos más de 30 años de servicio efectivos en la judicatura; ejerce desde 1985 en Catalunya, y lo ha pedido con seis meses de antelación. Ahora, lo tendrá que aprobar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque es un trámite si el alto tribunal catalán lo ha validado. En estos últimos meses, el juez Aguirre ha estado envuelto de polémica por sus controvertidas resoluciones en el caso de la 'trama rusa', contra el Govern, y en el caso Negreira, contra el FC Barcelona.
El magistrado solicitó acogerse a la jubilación voluntaria el 4 de junio pasado, una semana después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara detener la investigación del caso Volhov, sobre los vínculos de responsables rusos con el independentismo catalán. No obstante, el juez reactivó la investigación con la creación de una nueva pieza sobre la injerencia rusa en el movimiento independentista catalán, el 21 de junio pasado, con 13 investigados por traición y malversación de fondos, entre los cuales los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont. Y el último paso ha sido elevar esta investigación al Tribunal Supremo porque Puigdemont y Francesc de Dalmases, al ser diputados de Junts, son aforados.
Querella y recusación pendientes
Hasta que el Supremo no acepte o rechace el caso de la injerencia rusa, el juez Aguirre sigue liderando la investigación, todo y que en una cuenta atrás. Esta actuación del magistrado ha sido muy criticada por las defensas, que lo acusan de haber creado una pieza "ilegal", ya que el material es lo mismo del caso Volhov, del cual el órgano superior, la Audiencia de Barcelona, le hizo parar. Por eso, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, y del director de su Oficina, Josep Lluís Alay, presentó en el TSJC una querella por prevaricación, hace ya un mes. El magistrado del TSJC Carlos Ramos, encargado de analizar si se admite a trámite la querella, ha pedido varias diligencias y hasta septiembre no habrá ninguna respuesta. Boye, investigado en la supuesta nueva pieza rusa, también presentó una segunda recusación contra el magistrado por falta de imparcialidad. Su tramitación ha quedado semanas parada en el juzgado.
Corregido en el caso Negreira
Antes de pedir la jubilación, el juez Aguirre también recibió dos correctivos de la Audiencia de Barcelona sobre su investigación contra el FC Barcelona en el caso Negreira. El tribunal descartó que el club azulgrana y los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y el presidente Joan Laporta y los exdirectivos Albert Soler y Òscar Grau hubieron cometido el delito de soborno, como indicó el juez contra la opinión de la Fiscalía Anticorrupción. El tribunal también indicó que no se podía investigar a Joan Laporta, a quien imputó por los pagos de su primer mandato al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. El Barça sostiene que pagó a Negreira 7,6 millones de euros entre el 2011 en el 2018 para hacer informes. Los pagos de Laporta están prescritos, según el tribunal. Habrá que ver si en los cuatro meses y pico de ejercicio en activo, el juez Aguirre tiene tiempo de citar a declarar a los investigados y de enviarlos o no a juicio.
El juez Aguirre empezó a trabajar en el juzgado de Districto número 24 de Barcelona, el 24 de mayo de 1985, destino en el cual permaneció hasta que el 9 de enero de 1987 fue nombrado para la plaza de juez de Primera Instancia e Instrucción de Calatayud. Finalmente, fue nombrado magistrado titular del juzgado de Instrucción 1 de Barcelona el 27 de junio de 1988, cargo y destino en los cuales continúa actualmente. El caso más importante y mediático del juez Aguirre fue la detención del empresario Javier de la Rosa por el caso Grand Tibidabo, con el impulso de la Fiscalía, en 1994.