El BOE ha publicado este miércoles la jubilación anticipada del magistrado Joaquín Aguirre (Canarias, 1958), sin que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya resuelto todavía la querella por prevaricación que le presentaron el president en el exilio Carles Puigdemont, el director de su oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye. Han pasado seis meses y el TSJC ni siquiera ha decidido si admite a trámite o no esta grave acusación de actuar contra el independentismo catalán. La jubilación del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, últimamente criticado por sus polémicas resoluciones del caso Volhov y del caso Negreira contra el Barça, deja interrogantes importantes, aparte de críticas de Lawfare y de falta de control de los excesos judiciales.
El juez Joaquín Aguirre pidió jubilarse anticipadamente el junio pasado, y el TSJC y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo aprobaron porque cumplía los requisitos que fija la ley: tener más de 65 años (ahora tiene 66) y haber estado más de 30 años en ejercicio. Joaquín Aguirre ha trabajado como juez en Catalunya desde 1985 y fue nombrado titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona el 1988, donde ha ejercido hasta el 14 de enero de 2025. Los jueces y magistrados en el Estado español pueden ejercer hasta los 70 años; y hasta los 72 años si lo aprueba el Poder Judicial. Ahora, el CGPJ tendrá que abrir un concurso entre magistrados para ocupar esta plaza bien preciada.
Un juez jubilado, sin aforo
Uno de los interrogantes principales es qué pasará ahora con la querella de Puigdemont contra el juez de Barcelona. Aguirre, al dejar la judicatura activa, ha perdido su aforo ante el TSJC, y por lo tanto, a partir de ahora cualquier denuncia contra él tiene que ir a un juzgado de instrucción. Es decir, a uno de sus colegas de Barcelona, hecho que no será un plato de agrado para nadie. Así, el TSJC -con el magistrado Carlos Ramos de ponente- puede resolver ahora que inadmite la querella contra Aguirre porque ya no es su competencia sin entrar en el fondo.
Hay otros juristas que sostienen que la competencia se mantiene en el TSJC porque la actuación de Aguirre fue mientras era juez, pero esta posición no se cumple en los políticos que pierden el aforo. Un ejemplo claro es la investigación a la exconsellera Alba Vergés por el caso de las vacunas a los policías, que el TSJC ha derivado a un juez de instrucción o el juicio del exconseller Santi Vila por el caso Sixena, que hará un juzgado de lo penal y no el TSJC, como en el caso del exconseller y diputado de Junts Lluís Puig. Según la jurisprudencia, se respeta el aforo de la persona imputada si el juez instructor ha dictado la apertura del juicio oral, que no es el caso de Aguirre.
El TSJC también podría resolver que no ve indicios delictivos en el comportamiento del juez Aguirre, que relata la querella, presentada el julio pasado. La Fiscalía, a principio de diciembre, pidió desestimarla. El caso más reciente y similar es el juez jubilado Manuel Piñas, que condenó a Juana Rivas por sustracción de menores, y ahora tiene que declarar por falso testimonio y contra la intimidad en un juzgado de instrucción de Granada, después de ser denunciado por el abogado de Rivas.
Una investigación en "fraude de ley"
Otro de los interrogantes es ¿por qué el juez Aguirre pidió su jubilación, el junio pasado, justo cuando enviaba al Tribunal Supremo la nueva pieza de la injerencia rusa, con las imputaciones de los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, y una unidad de la policía española le hacía caso y hacía fichas de sospechosos catalanes? ¿Estaba satisfecho de haber bloqueado la aplicación de la ley de amnistía a los independentistas catalanes? Así lo expresó en un audio que se filtró de él, en el que aseguraba que "al Gobierno de Pedro Sánchez le quedaban dos telediarios alemanes".¿O sospechaba que le tumbarían la causa, como ha hecho la Audiencia de Barcelona, que ha asegurado que el juez al seguir investigando el caso Volhov y no obedecerlo cometió "fraude de ley"?
Obcecado con Puigdemont
En estos últimos meses, el juez Aguirre ha sido denunciado y recusado por perseguir a independentistas catalanes, y explicar la investigación a una televisión alemana. El magistrado -el más veterano de los 33 jueces de instrucción de Barcelona- no ha sido nunca protegido ni admirado por ningún partido político españolista. Ni ha recibido reconocimientos de instituciones del PP ni de asociaciones judiciales conservadoras, como han tenido jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Ha sido un juez libre, que ni los agentes de la policía patriótica del PP pudieron engañarlo, aunque ha impulsado investigaciones con las acusaciones populares de entidades españolistas como Manos Limpias, a quien ahora el gobierno del PSOE cuestiona.
El juez Aguirre fue firme cuando investigó a personas con poder, como el empresario Javier De la Rosa por la descapitalización de Gran Tibidabo, o con el empresario Javier Mestre, amigo del rey emérito. También ha sido criticado por la investigación del caso Macedonia, donde investigaba una supuesta corrupción de Mossos y la Guardia Civil y quería imputar al mayor Josep Lluís Trapero. Le escondieron información y recelaba de todo el mundo. En una de las piezas encontró supuestas compras de relojes de gama alta vinculadas al entonces rey Juan Carlos I, pero la policía lo enredó hasta agotarlo.
Estos últimos meses, la obcecación del juez Aguirre con el president Puigdemont, sin embargo, lo ha hecho cometer excesos judiciales e incluso imputar a políticos y periodistas sin indicios. También se ha enemistado con compañeros de los juzgados.
Contra Laporta y el Barça
En el tramo final de su carrera, el magistrado Aguirre también ha dictado resoluciones imaginativas -para unos- y extravagantes -para otros- para imputar al presidente del Barça, Joan Laporta, en el caso Negreira, porque también aprobó pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, en su primer mandato. El juez contó hacia atrás el tiempo de la prescripción delictiva, hasta el 2008, para imputar a Laporta, cuando siempre se ha contado des que se cometen hechos supuestamente delictivos hasta ser denunciado; es decir, hacia adelante. La Audiencia de Barcelona le tumbó este razonamiento y también que se tratara de un caso de soborno, que aumenta los años de prescripción, ya que el exnúmero 2 de los árbitros no se le puede considerar un funcionario.
La causa del caso Negreira, contra exdirectivos del Barça, espera nuevo magistrado o magistrada, mientras se van sumando dilaciones indebidas a favor de los investigados, y la Fiscalía Anticorrupción, que presentó la querella en marzo de 2023, se desespera. Y es que los investigados ni han sido citados a declarar. Son los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y dos exdirectivos del club, además de Negreira y su hijo. Se les acusa de los delitos de administración desleal, corrupción deportiva y falsedad documental por haber pagado 7,6 millones de euros al exnúmero 2 de los árbitros entre los años 2011 en el 2018. El club ha admitido los pagos, pero no que fueran para amañar partidos, extremo que la investigación no ha aportado indicios, hasta ahora.