Ninguna sorpresa. El magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa contra los independentistas catalanes, Pablo Llarena, ha acordado la conclusión del sumario con respecto a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, procesada por el delito de desobediencia en marzo del 2018, según ha comunicado este miércoles el tribunal. En la resolución, el juez remite la causa a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, y, por lo tanto, la deja a un paso de juicio. No obstante, el Supremo dictará la apertura del juicio oral contra Gabriel, pero enviará su causa a un juzgado ordinario de Barcelona, tal como hizo con la exconsellera y diputada de ERC, Meritxell Serret, aunque en su caso lo envió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) porque actualmente es aforada en este tribunal.
En la resolución, el magistrado pregunta a la Fiscalía y a Vox, como acusación popular, que en un plazo de 15 días informen qué quieren hacer con la causa de Gabriel. La Fiscalía podría pedir el archivo de la causa contra Gabriel, ya que su caso es el mismo del de su excompañera de partido Mireia Boya, que fue absuelta por el TSJC porque no cumple los requisitos de desobediencia. En la resolución, el magistrado ha acordado que se remita testimonio de la causa, junto con los objetos intervenidos y las cantidades consignadas "a la sala competente para revisar la conclusión de la causa" es decir, a la sala penal del Supremo, además de pedir la opinión de las partes personadas.
Ningún requisito del delito de desobediencia
Gabriel se personó la semana pasada ante el juez Llarena, en Madrid, donde le hizo un cortísimo interrogatorio. El magistrado le preguntó si recibió algún requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) para que detuviera toda actividad para impulsar el proceso de independencia de Catalunya, advertencia que ella negó haber recibido. El requerimiento personal es uno de los requisitos para ser acusado y condenado por el delito de desobediencia, como también ser autoridad pública o funcionario, que Gabriel tampoco cumple. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dejó claros los requisitos del delito de desobediencia al absolver a la excupaire Mireia Boya por los mismos hechos que es investigada Gabriel: presentar proposiciones de ley para impulsar la votación del referéndum de Catalunya y las leyes de desconexión en el Parlament.
En la resolución, Llarena explica que Gabriel, después de estar "en rebeldía", compareció ante el juez el 19 de julio de 2022, y la declaración indagatoria fue hecha el 14 de septiembre pasado, y dejó a Gabriel en libertad provisional y a disposición de la causa. El juez concluye que cierra la investigación, ya que no se han reclamado nuevas indagaciones.
Después de su rápida declaración en el Supremo, Gabriel declaró a los periodistas que esperaba que su caso se archivara, y defendía que el "deseo de un pueblo no se puede judicializar". Ahora habrá que ver qué opinan las acusaciones.