El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia, este jueves, en la cual ha acordado que no presentará una orden europea de detención del presidente Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín hasta saber si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aprueba la medida cautelar de devolverles la inmunidad a los europarlamentarios catalanes. El instructor de la causa contra los independentistas catalanes se muestra prudente y, por ahora, descarta la petición de Vox y de la Fiscalía de reactivar las órdenes europea e internacional de detención de forma inmediata. La respuesta del TJUE no s'espera hasta principios de 2024.
Los europarlamentarios de Junts, defendidos por Gonzalo Boye, ya anunciaron que presentarían recurso de casación ante le TJUE contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que avalaba la retirada de su inmunidad.
Recurso hasta el 15 de septiembre
En la resolución, el magistrado recuerda que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), del pasado 5 de julio, que desestimó los recursos de Puigdemont y Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio al juez Llarena, es susceptible de ser recurrida en casación ante el TJUE en un plazo de 2 meses y 10 días (hasta el 15 de septiembre de 2023). Además, destaca que, en este caso, los exiliados catalanes pueden pedir al TJUE que se restablezca cautelarmente y provisionalmente su inmunidad parlamentaria.
En ese sentido, el instructor del Supremo explica que cualquier euroorden que se emita en el estado actual del procedimiento, quedaría inmediatamente paralizada si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se solicite; "obligando a interrumpir su tramitación internacional y haciendo intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento".
Hay que recordar, que a partir del 15 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE tarda unos 4 meses para resolver la petición de los exiliados catalanes. Es decir, no s'espera una respuesta del tribunal antes del próximo enero.
Posible entrega en tres meses
Por otro lado, añade el juez Llarena, que si el TJUE decidiera rechazar la medida cautelar que Puigdemont y Comín piden con la impugnación de la sentencia, podrá adoptarse la decisión que piden las acusaciones (Vox y la Fiscalía) "con una antelación suficientemente operativa, visto que el plazo máximo que establece la Decisión Marco 2002/584/JAI para resolver cualquier reclamación de entrega es el de tres meses", subraya el juez.
Entonces, razona el magistrado, "no existiría ninguna dificultad para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la justicia española antes de disolverse el Parlamento Europeo para el que fueron elegidos y para cuyo desempeño se les concedió la inmunidad cuya suspensión se peticionó desde un inicio".
Presión a los tribunales belgas
Diga lo que diga lo TJUE, al final el juez Llarena tendrá que dirigir la euroorden de detención de Puigdemont y Comín a los tribunales belgas, puesto que tienen su residencia a Waterloo. Y el magistrado español ya los intenta presionar en la actual providencia. Para el juez, "el principio de cooperación leal que opera como regla rectora entre los organismos públicos de la Unión y sus Estados Parte, debe orientarse a que, habiéndose peticionado el suplicatorio inmediatamente después de constituirse el actual Parlamento, si la suspensión de la inmunidad peticionada fue concedida y si resulta jurídicamente válida, la iniciativa jurisdiccional debería poder alcanzar la finalidad para la que está prevista; siendo una anomalía que la constitución de un nuevo Parlamento en junio de 2024 obligue a este instructor a reiniciar el proceso".