Carles Puigdemont ha vuelto a Waterloo, según ha confirmado Jordi Turull, después de que este jueves apareciera en Barcelona y se marchara sin ser detenido por la policía. Hizo un discurso en el Arc de Triomf acompañado de miles de ciudadanos, siete años después de su exilio, pero no entró en el Parlament como líder de Junts, en el pleno de investidura del socialista Salvador Illa. Con indignación, este viernes el juez Pablo Llarena, instructor del 1-O, ha requerido a los Mossos de Esquadra y al Ministerio del Interior saber qué ha fracasado de su orden para detener Puigdemont, a quien no quiere aplicar la ley de amnistía porque considera que con la malversación del 1-O se enriqueció. ¿El juez Llarena podría reactivar ahora la orden europea de detención y entrega (euroorden) del president en el exilio? Sí. El magistrado del Tribunal Supremo puede pedir la colaboración de las autoridades belgas para que detengan a Puigdemont. Se sostiene que ahora es más fácil porque ya no tiene inmunidad de cuando era europarlamentario y porque en el delito de malversación no hace falta un análisis del caso.
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La pega es que hasta ahora solo el partido ultra Vox ha pedido al juez Llarena que reactive la detención de los tres políticos de Junts en Europa, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le han reclamado que le aplique la ley de amnistía y, por lo tanto, que deje sin efecto la medida cautelar de detenerlo en el estado español. La Fiscalía europea es improbable que defienda la reclamación de Vox, ya que en la mayoría de países europeos, los partidos no pueden ejercer como acusación; solo los afectados directos y la Fiscalía. Además, las autoridades belgas podrían analizar el caso y ver que a Puigdemont se le tiene que aplicar la ley del olvido penal, un hecho que espera su defensa, encabezada por Gonzalo Boye y que volvería a ser un fracaso europeo de Llarena.
La orden de detención en el estado español
El juez Llarena suspendió sus vacaciones, según algunas fuentes, por si Puigdemont era detenido por los Mossos d'Esquadra en su retorno al país. Los Mossos le permitieron hacer el acto en el Arc de Triomf y al ver que no accedía al Parlament activaron la operación Jaula para detenerlo en las zonas fronterizas. Todo el mundo tenía clara su detención, y entonces el magistrado tenía que decidir si dictaba la prisión preventiva de Puigdemont, siempre con el requisito de que se lo pidiera alguna de las partes. Nadie duda de que Vox lo pedirá, mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado le reiterarían que aplique la norma del olvido penal.
Por ahora, sin embargo, con la orden de detención en el estado español vigente, es difícil un retorno tranquilo de Puigdemont. La orden de detención también continúa vigente para el exconseller Lluís Puig, que ha delegado su voto como diputado de Junts, y el exconseller Toni Comín, pendiente de que se le apruebe el acta de europarlamentario, con un recurso presentado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el caso que mantiene abierto junto con Puigdemont. Su abogado, Gonzalo Boye, también exige a Llarena que les aplique la ley de amnistía.
Vox expulsado por la justicia italiana
En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo italiano rechazó que el partido ultraderechista Vox participara, como acusación particular, en el proceso en el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, sobre la posible entrega al estado español de Puigdemont. Además, le hicieron pagar las costas. Puigdemont fue detenido en el Alguer en septiembre de 2021, cuando se ejecutó la euroorden de Llarena, dictada el 14 de octubre de 2019, y que estaba suspendida a la espera de la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE), como indicó este tribunal. Entonces era eurodiputado de Junts.
La primera detención de Puigdemont fue en Alemania en el 2018, y cuando el tribunal quiso entregarlo solo por el delito de malversación, no por el de sedición, el juez Llarena, para sorpresa de todos, lo rechazó.