La derogación del delito de sedición —aprobada por el gobierno del PSOE, Podemos y el apoyo de ERC, el noviembre pasado— ha implicado un beneficio directo a dos exiliadas: la número dos de ERC, Marta Rovira, y la exconsellera de Cultura, Clara Ponsatí, ya que, desaparecido el delito de sedición, ahora son investigadas por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), que no incluye penas de prisión, sino de inhabilitación a cargo público. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, lo confirmó el martes pasado, en una resolución, en la cual desestima todos los recursos y mantiene el procesamiento del president Carles Puigdemont por los delitos de malversación y desobediencia al TC. En aquella resolución, reactivaba "la detención" de Ponsatí y de Rovira "a efectos de recibirles declaración por el delito de desobediencia que se les imputa". Con el retorno, este martes, de la exconsellera Ponsatí, después de cinco años en el exilio —y recibida en Barcelona por su abogado, Gonzalo Boye— habrá que ver si es detenida por las fuerzas de seguridad para ser conducida al tribunal, en Madrid. Inicialmente, no ha acordado su personación en el Supremo, como hizo la cupaire Anna Gabriel y la republicana Meritxell Serret.

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En concreto, en la resolución del 21 de marzo, el juez Llarena mantiene el procesamiento del president Carles Puigdemont por los delitos de malversación agravada (castigado con un máximo de 8 años de prisión) y de desobediencia por la organización del 1-O, así como a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. En el auto, el magistrado rechaza el reclamo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de procesar a Puigdemont por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, al desaparecer el delito de sedición, al asegurar que la misma ley prohíbe aplicarles un nuevo delito.

Las órdenes de detención

En el auto, el magistrado instructor de la causa contra los independentistas catalanes "dejaba sin efecto la busca y captura e ingreso en la prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención acordadas" contra Puigdemont, Comín, Puig, Ponsantí y Rovira y "por haber cambiado, por derogación y modificación legislativa, los tipos penales que se les atribuye y que motivaron su emisión", y añadía que lo pondría en conocimiento de los organismos belgas, donde está abierto la causa contra los exiliados de Junts. Al mismo tiempo, dictaba nuevas órdenes de detención, pero solo en el estado español, al admitir que no puede reactivar las europeas hasta la resolución sobre la inmunidad de los europarlamentarios en los tribunales europeos.

Así, el juez ha reactivado las órdenes de detención y "entrada en la prisión" en el caso del president Puigdemont y los exconsellers Comín y Puig por los delitos de malversación y desobediencia, mientras que la detención de Rovira y Ponsatí especifica que es para tomarles declaración.

Las defensas de los eurodiputados de Junts reclamaron a Llarena que no podía ordenar su detención, al mantener su inmunidad parlamentaria, pero el juez español lo desestimó e incluso afirmó que si Puigdemont se entregaba, le permitiría asistir al Parlamento Europeo.

Juicio en un penal de Barcelona

Ahora, con la vuelta de la exconsellera Clara Ponsatí, el juez Llarena la interrogará y tendrá que derivar su caso a un juzgado de Barcelona, que es donde pasaron los hechos, y porque ya no es aforada y no tiene ningún cargo público. Lo mismo que le pasaría a la republicana a Marta Rovira, aunque ella ha expresado que no está segura de que su retorno no implique un mayor castigo. Anna Gabriel está actualmente pendiente de juicio en un penal de Barcelona por su actuación el otoño de 2017, del cual su compañera Mireia Boya fue absuelta por el TSJC, al enmarcarse en una acción política.