El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los independentistas catalanes, tiene previsto rehacer el auto de procesamiento contra el presidente Carles Puigdemont y los exconsellers en el exilio (Toni Comin, Clara Ponsatí y Lluís Puig, además de Marta Rovira) en los próximos días y sin esperar que el tribunal presidido por Manuel Marchena complete la revisión de la condena a los 9 líderes encarcelados e indultados, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, según han informado fuentes jurídicas este miércoles. El juez Llarena reactivó las euroórdenes (por tercera vez) contra los líderes de Junts, cuando el Supremo condenó por sedición, y en algunos casos en concurso medial con la malversación, excargos del Govern, de Junts y ERC, y los entonces presidentes de la ANC y Òmnium. Ahora Llarena no se esperará, aunque el Tribunal Supremo tiene previsto ordenar la apertura de la pieza de revisión de la sentencia este jueves, en la cual dará un plazo a acusaciones y defensas para que den su opinión.
Con la desaparición del delito de sedición, el Tribunal Supremo tiene que resolver si el nuevo delito de desórdenes públicos agravados puede encajar o no con los hechos probados en la sentencia del 2019 sobre lo que pasó en otoño de 2017 en Catalunya. También tiene que interpretar el nuevo delito de malversación, con una pena rebajada a 4 años de prisión si no hay lucro personal. Llarena también hará su interpretación, seguramente para actualizar las órdenes españolas de detención, las únicas que continúan vigentes, ya que las euroórdenes no las podrá reactivar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le diga si lo puede hacer. Quedan pocos días: la sentencia del TJUE se ha anunciado para el 31 de enero. No obstante, quedará pendiente de resolver la causa sobre su inmunidad en la cámara europea. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) no ha fijado fecha de la sentencia, de la cual se podrá presentar recurso en el TJUE. Por su parte, la republicana Marta Rovira, exiliada en Suiza, no tiene ninguna orden internacional de detención.
Ganar elecciones, ¿un lucro?
Con respecto a la revisión de la condena, este miércoles los Jordis y los miembros de Junts han aclarado que, finalmente, no pedirán la revisión de la condena cuando el Tribunal Supremo los requiera. Está previsto que el tribunal abra la pieza de la revisión de la condena este mismo jueves, cuando entra en vigor la reforma del Código Penal, impulsada por ERC y el PSOE.
Así, está previsto que Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn no respondan al requerimiento del Supremo y no quede constancia de su posicionamiento. Por el contrario, los condenados de ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell, sí que pedirán al tribunal que aplique la ley, que según su opinión tiene que implicar su absolución. Es decir, que se les retire la pena de inhabilitación a cargo público que mantienen, ya que fueron indultados de las penas de prisión de entre 9 y 13 años.
En cuanto al nuevo delito de malversación, hay juristas que adelantan que u interpretación será compleja y que la sala puede interpretar que los líderes del 1-O no obtuvieron ningún lucro personal, pero que con el gasto realizado querían ganar unas elecciones. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya ha anunciado que tiene que analizar todas las aristas y que hará una orden para interpretar los casos del 1-O, así como otras acusaciones de malversación hechas a partir del 2015, cuando entró en vigor la última reforma, de manera coherente y unificada para todo el territorio español.