El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castelló ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su antigua cúpula del Ministerio por la denominada 'Operación Kitchen', el operativo parapolicial puesto en marcha presuntamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso de corrupción Gürtel. En el auto, el magistrado, además, rechaza por extemporánea la petición de la acusación ejercida por el PSOE de declarar la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y lo establece, de manera subsidiaria, a cargo de la Administración General del Estado en caso de que los investigados resultaran condenados.
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 incluye todos los delitos planteados por las acusaciones: presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, soborno, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción a la justicia. En el caso de las acusaciones del PSOE, Podemos y de la familia Bárcenas, además, añaden los de organización criminal o asociación ilícita, entre otras. Para García Castelló, los diferentes relatos de los escritos de acusación, con sus correspondientes calificaciones penales, resultan, en principio, adecuados, todo esto sin perjuicio del que resulte de la fase de juicio oral.
Además del exministro, el juez envía a juicio a quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al exdirector adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa, José Manuel Villarejo, así como al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.
La fiscalía mueve ficha
La Fiscalía ya había pedido este viernes al juez que abra ya el juicio oral contra el exministro Fernández Díaz y los otros 7 procesados por el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, presuntamente orquestado en 2013 desde su departamento para hacerse con documentos del caso Gürtel. Anticorrupción ha remitido un escrito al magistrado de la Audiencia Nacional que ha investigado la conocida como operación Kitchen en el cual le vuelve a solicitar que dicte apertura de juicio oral, una petición en la cual se ha adherido la acusación popular ejercida por el PSOE, que finalmente ha sido rechazada.
La petición de la Fiscalía se fundamenta en la necesidad de "garantizar el derecho de todas las partes a un proceso sin que se produzcan dilaciones indebidas". En su escrito, los fiscales del caso también solicitan que el letrado de la administración de justicia del juzgado confronte las transcripciones de algunas conversaciones del exsecretario de Estado de Seguridad y también procesado Francisco Martínez, obtenidas en la entrada y registro de su domicilio. Son las conversaciones que el juez acordó mantener en la causa el mes de julio pasado, cuando decidió, a petición de Martínez, excluir del procedimiento otras 23 conversaciones mantenidas por él y contenidas en su teléfono móvil, al comprobar que en su traslado íntegro a las partes quedaron expuestos datos íntimos que afectarían investigados y a terceros y que también podrían comprometer la seguridad nacional".
Iniciado en 2018 en el marco del caso Villarejo
La investigación del caso Kitchen, incluido dentro del caso Villarejo, empezó el 7 de noviembre de 2018 después de un informe de la Unidad de Asuntos Internos que analizaba la documentación intervenida en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo que apuntaba a la existencia de una supuesta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Después de varios años de investigación, el 29 de julio de 2021 el juez propuso juzgar al exministro Fernández Díaz, a su entonces número dos Francisco Martínez y en otros seis investigados, entre ellos el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y el mismo Villarejo.
En ese mismo acto, el juez dejó fuera del procedimiento a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Ferro, que estuvieron unos meses investigados. En febrero de este año, la Fiscalía remitió su escrito de conclusiones provisionales, en las cuales solicita 15 años de prisión para Díaz y Martínez, y entre 2 años y medio y 19 para el resto de acusados, siendo la petición más elevada la que afronta Villarejo.