La justicia funciona según su propia lógica. Según informan fuentes judiciales, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, en función de guardia, ha denegado la retirada cautelar del cartel racista de Vox, que criminaliza a los menores migrantes. Lo había solicitado la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que podría ser objeto de un delito de odio. El juez ha rebatido que "no se da ni peligro por|para la demora, ni apariencia de buen derecho". Ahora será el juzgado 23 el que investigue la denuncia.
La Fiscalía Provincial de Madrid se ha dirigido esta tarde al juzgado número 53 de Madrid para denunciar el cartel y pedir la retirada cautelar de la publicidad electoral impugnada, colocón a la estación de Renfe de la Puerta del Sol, justo en medio de la capital española. Consideraba que efectivamente puede ser constitutivo de un delito de odio y reclamaba que sea arrancado "en el plazo más breve posible". Si la medida cautelar hubiera sido atendida por el juez, la formación de Santiago Abascal habría podido utilizar el mismo cartel, pero con diferente propaganda.
En su comunicado de prensa, el Ministerio Público asegura que con el cartel se transmite "no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena, enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado”.
La Fiscalía asegura que son un colectivo "doblemente vulnerable", por la edad y por el "desarraigo" por su origen extranjero. "No sólo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que los convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal ante los ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos", concluyen.
Inacción de la junta electoral
La candidatura de Unidas Podemos también registró una reclamación ante la Junta Electoral Provincial para que tomara medidas "urgentemente" ante esta campaña, "de marcado carácter discriminatorio y xenófobo" y que "incita al odio y la violencia". Concretamente reclamaban "la retirada inmediata de la publicidad electoral" de la formación de extrema derecha. Pero ninguna respuesta a esta petición.
Por su parte, ayer el PSOE presentó una denuncia ante los tribunales, argumentando que "puede tipificarse como delito de odio en relación con un colectivo vulnerable, los menores extranjeros no acompañado, cuya tutela corresponde a las administraciones al encontrarse desamparados".