Rectificación. La Audiencia Nacional ha dado la razón a Jordi Pujol Ferrusola y le permite desbloquear parcialmente una de sus cuentas para pagar los impuestos de vehículos, de sus coches de lujo -valorados en 2,6 millones de euros- que, como sus cuentas, están embargados para hacer frente a la responsabilidad civil (cifrada en 7,5 millones) que tenga que asumir en el juicio contra su familia por fraude fiscal. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había denegado inicialmente esta petición al asegurar que cuando el marzo pasado le permitió cobrar el salario mínimo interprofesional de sus cuentas, ya que lo mantenía la familia, con este dinero podía pagar los impuestos. La defensa del primogénito del presidente de la Generalitat, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, presentó un recurso y recordó al juez que el año pasado le permitió disponer de dinero para pagar el IBI de los inmuebles, así como el impuesto de vehículos, y ahora no se entendía este cambio de opinión. Ahora, la sección 3.ª de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón en Pujol Ferrusola, según ha avanzado|adelantado este martes La Razón y ha confirmado El Nacional.cat.
En el recurso, la defensa de Jordi Pujol Ferrusola detalla que el juez Pedraz le autorizó el mayo pasado al desbloqueo de cuentas para pagar el IBI, el tributo metropolitano, y provisión de fondos de comunidad de propietarios de los inmuebles que tiene: un despacho y plaza de parking en la calle Ganduxer de Barcelona; el IBI de la finca de Bolvir, y de una nave de Teià. Añade que ni el ministerio fiscal ni el titular del juzgado Central de Instrucción 5 "justifican su cambio de criterio", y ahora le deniegan disponer de dinero para pagar impuestos, y reitera que "el pago de las obligaciones fiscales no vacía la cobertura de responsabilidad civil, sino que garantiza su permanencia e integridad", ya que si no se acumularán recargos e intereses. Y recalca que, al cerrarse la investigación contra la familia Pujol Ferrusola ya se abrió desde el juzgado una pieza separada para su fianza, el 1 de julio de 2021, "donde se designaron suficientes bienes para cubrir las responsabilidades pecuniarias". El tribunal de la Audiencia Nacional le da la razón y asegura que en mayo del 2022 se desbloquearon cuentas para pagar el IBI, y en el caso de los vehículos, el 1 de junio de 2021 se permitió el desbloqueo para pagar 2.292 euros. "Por lo tanto, como no hay constancia que vaya a suponer una merma significativa de la garantía real en este causa, es totalmente razonable y proporcionado el desbloqueo solicitado", afirma el magistrado Carlos Fraile Coloma, ponente del tribunal.
Las millonarias fianzas
Al cerrar la investigación contra la familia Pujol Ferrusola, el juez Pedraz fijó una fianza de 7,5 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, que este depositó mediante una cuenta con saldo de 3,8 millones, del cual son titulares dos empresas suyas. También puso a disposición del juzgado su colección de coches de lujo -valorados en 2,6 millones de euros- y un inmueble de cuya calle Ganduxer de Barcelona, que son titulares de la sociedad Iniciativas Marketing Inversiones, que tiene como socia única Active Translation.
Pendientes de la fecha del juicio
Pedraz envió el año pasado al president Pujol y a sus siete hijos, además de empresarios, a juicio por hechos que, a su entender, pueden ser constitutivos de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, y al hijo mayor se lo acusa de siete delitos contra la Hacienda Pública y otro de frustración de la ejecución. Por estos hechos, la Fiscalía pide una condena de 9 años de prisión para el presidente catalán -que estuvo recientemente ingresado después de sufrir un ictus-, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de prisión que reclama para el primogénito. Por contra, su defensa sostiene que no se ha probado que el president Pujol - durante su cargo que ocupó del 1980 hasta el 2003- favoreciera a sus hijos o el cobro de comisiones. Ha pasado más de un año desde que se cerrara la investigación a la familia Pujol Ferrusola y todavía no se ha designado el tribunal de la Audiencia Nacional que los juzgará.