La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a ordenar este lunes al juez que instruye la causa por terrorismo contra los 12 CDR detenidos el 23 de septiembre del 2019 en la operación Judas, Manuel García-Castellón, a facilitar a todas las partes la documentación sobre la causa. Es decir, que ha vuelto a dar otra vez la razón a las defensas; ya que estas interpusieron un recurso y eso hizo que el AN autorizara el acceso a la documentación. No obstante, García-Castellón ha ido poniendo trabas e impedimentos. De todos modos, la sala dice ahora que todas las partes tienen que tener acceso a esta documentación, por mucho que no tenga una afectación directa, sobre las diligencias previas 104/2017 hasta que se convirtieron en la pieza número 1, y de las diligencias previas 99/2018 hasta el 3 de septiembre del 2019, cuando se convirtieron en la pieza número 2.
Ahora la sala da la razón a las defensas, y concluye que todas las partes tienen que poder jugar con las mismas cartas. Asimismo, tienen que tener derecho a acceder a las investigaciones previas que sirvieron para autorizar los seguimientos e investigaciones ampliadas posteriores. Todo eso ha quedado negro sobre blanco en un escrito bastante contundente que los magistrados de la sala han propinado a García-Castellón. Y le han recriminado que no haya hecho caso de sus autos anteriores, en los cuales ya se dejaba lo bastante claro lo que tenía que hacer el juez instructor de la causa. Utilizan expresiones como "nuevamente se limita el acceso a las partes al procedimiento en cuestión, insistiendo el juez a restringir el acceso de las partes a aquellas actuaciones que los afecten." "Limitación que las numerosas resoluciones de esta sala ya han dicho que no es procedente", concluye.
"Reiteramos el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias judiciales firmes", añade el texto, que también afirman que "es por todo eso que no podemos sino reiterar, ya por tercera vez, que el acceso a las diligencias, una vez se suba el secreto, tendrá que ser de todas y cada una de las diligencias realizadas, afecten o no las personas investigadas, en su integridad y sin ninguna limitación," afirman.
Alerta Solidaria acusa de "filibusterismo jurídico"
Además, según Alerta Solidària, que lleva la defensa de algunos encausados, el magistrado ha instado la fiscalía a solicitar la conclusión del sumario para redactar el escrito de acusación y así cerrar la causa, aunque todavía hay una decena de recursos pendientes de resolver. Alerta Solidaria recuerda que casi tres años después de las detenciones hay seis de los encausados con medidas cautelares. Además, acusa de "filibusterismo jurídico" a García-Castellón, y asegura que "solo el orgullo herido del sistema represivo español justifica el mantenimiento de esta instrucción fallida, que se mueve por intereses represivos políticos."