El juez de Barcelona que investiga el espionaje al president Pere Aragonès con el software malicioso Pegasus ha rechazado archivar la imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que le ha pedido la Abogacía del Estado, que lleva su defensa. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García García, ha descartado el archivo sin preguntar la opinión de la Fiscalía ni de la defensa de Aragonès, ejercida por el penalista Andreu Van den Eynde, según han confirmado fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Y es que el magistrado quiere aclarar si el CNI espió Aragonès sin amparo legal, cómo sostiene ERC; ya que Esteban dirigía el centro en aquellas fechas. En concreto, Aragonès ha aportado una pericial de su móvil al juzgado (paralela a la de CatalanGate, realizada por el grupo Citizen Lab), que afirma que se le infectó el móvil al menos desde el año 2018, cuando era vicepresidente de la Generalitat. Por su parte, el CNI afirmó que tenía autorización judicial para espiarlo entre los años 2019 y 2020. Pero, ¿qué pasó el año 2018? Esto es lo que ahora se intenta aclarar.
Paz Esteban declaró como investigada, a finales de enero y a través de videoconferencia desde Madrid, en esta causa. No dijo nada porque se acogió a no declarar apelando a la ley de secretos oficiales que rige el CNI, y que el Gobierno no le dio una autorización explícita para hacerlo. Unos días antes de su declaración, el Consejo de Ministros desclasificó las resoluciones del juez de control del CNI, el magistrado del Tribunal del Supremo, Pablo Lucas, que autorizó el espionaje en Aragonès. Esquerra denunció que las resoluciones aportadas al juzgado están censuradas y que no se puede entender todo lo que se afirma. En concreto, se indica que se espió Aragonès porque se le consideraba a uno de los líderes de las movilizaciones de los CDR. "Se solicita [poder espiarlo] no por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por la tarea de dirección y coordinación de las actividades de los CDR", aseguraba el CNI en su petición. Se desconoce si el CNI dio alguna prueba al juez del Supremo, que permitió intervenir el móvil de Aragonès de julio del 2019 a abril del 2020.
Prórroga y pericial a Mossos
Por su parte, el fiscal de delitos informáticos, Roberto Valverde, ha respondido afirmativamente a la consulta del juez de si debe prorrogar seis meses más la investigación. El fiscal considera que hace falta aclarar el alcance de la injerencia en el móvil del president Aragonès, y por eso insiste en que se tiene que hacer una pericial oficial, encargada desde el juzgado, aparte de la de parte. El magistrado García estudia encargarlo a la unidad especializada de los Mossos de Esquadra, que ha hecho el resto de periciales a afectados de Pegasus y que están repartidos por diferentes juzgados de Barcelona.
El juez de Pegasus del caso de Aragonès es el único que ha imputado la directora del CNI, mientras que otros magistrados de Barcelona, que investigan las querellas de afectados de ERC, la CUP, Òmnium y la ANC han descartado hacerlo, por ahora.
Los espiados también se querellaron contra la empresa NSO, titularon del software Pegasus. Las órdenes europea e internacional de investigación a Israel y en Luxemburgo para que la sociedad se persone y dé explicaciones no ha funcionado, por ahora. Tampoco ha contestado el CNI sobre la compra de este software espía y su uso al Estado español. El juez del caso de Aragonès también requirió información al Tribunal de Cuentas sobre el gasto para adquirir Pegasus.
Los delitos a investigar
El abogado Andreu Van den Eynde ha insistido, en diferentes escritos presentados en el juzgado y enfrente de la opinión de la abogada del Estado, que no solo se investiga un delito por vulneración de la intimidad del president Aragonès, sino también su "espionaje de forma ilegal". Además, recalca que la pericial encargada por ERC ha detectado dos infecciones en su móvil, especialmente en el año 2020, pero que eso no quiere decir que los hechos a investigar se limiten a estas dos constataciones.
"Entre julio de 2018 hasta marzo de 2020 alguien (presumiblemente el CNI) activó uno o varios ataques con Pegasus sobre el móvil de mi mandante, pero las actuaciones ilícitas penales no pueden limitarse a este delito de intrusión y precisamente el juez penal es quien tiene que investigar si se han producido más infecciones y cuál es el motivo de las infecciones (por ejemplo si accediéndose o explotado información de la víctima, si se ha extendido la infección a otros dispositivos)", expone el abogado de Aragonès contra la limitación de la investigación que reclamaba inicialmente la abogada del Estado.
En este sentido, el abogado expone que el espionaje de Aragonès lo autorizó el magistrado de Control Previo del CNI. "Y -añade- si eso es así, resulta obvio que no se autorizó una infección y basta, sino que se tendría que autorizar una infección para intervenir información durante un tiempo". Y eso es lo que reclama que se aclare.
Y de la imputación de Paz Esteban descarta que sea una causa prospectiva. "Se le imputa haber decidido o contribuido a la intercepción de las comunicaciones y el acceso a información personal protegida de Pere Aragonès mediante el uso de técnicas de spyware o análogas sin respetar la legalidad vigente o los límites legales que lo permitan o justifiquen", reitera Van den Eynde.
Finalmente, el abogado insiste que "lo que la investigación tiene que averiguar es si el CNI investigó ilegalmente Pere Aragonès mediante la utilización de Pegasus, sea en el terminal del cual se han obtenido indicios informáticos o sea por espionaje de la tarjeta SIM o de otro dispositivo (tableta u ordenador) o incluso si se utilizó algún otro sistema de monitorización, ya que hay diferentes tipos de software que lo permiten".