El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto, en el que permite a Corinna Larsen declarar como imputada en la Embajada española en Londres, tal como solicitó ayer la defensa de la examante del rey emérito, Juan Carlos I.
La comparecencia, que tendrá lugar el próximo 28 de setiembre, en principio será por videoconferencia, pese a que el magistrado ha dejado la puerta abierta en su resolución a la posibilidad de trasladarse personalmente al Reino Unido para tomar declaración a Corinna. Ahora bien, esta posibilidad es dificultosa, ya que las autoridades británicas han impuesto una cuarentena de 14 días a los extranjeros procedentes de España.
Corinna Larsen en una imagen de archivo / GTRES
Descarta la declaración desde el despacho de Larsen
Con este auto, además, el Juzgado Central de Instrucción número 6 resuelve en contra del recurso que habia presentado Larsen para realizar el interrogatorio a través de una videoconferencia desde el despacho de la empresaria alemana en Londres, tal como propusieron inicialmente sus abogados. Además, el magistrado respondió instando al desplazamiento de la empresaria a nuestro país para acudir personalmente a la sede de la Audiencia Nacional, si bien finalmente la imputada declarará desde la embajada española en Londres, considerada territorio español.
Concretamente, la examante de Juan Carlos es investigada en el marco de la pieza número 5, denominada 'Carol', de la macrocausa Tándem. El juez la quiere interrogar sobre el supuesto encargo que habría realizado Corinna al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.
Inauguración del consorcio hispano-saudí al Shoula que construyó el AVE de la MECA
Además, en estas conversaciones telefónicas se habría aludido al supuesto patrimonio del rey Juan Carlos fuera de España y del presunto cobro de comisiones por obras como la del AVE en la Meca, una cuestión que comenzó a estudiar la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de la inmunidad del monarca, este caso se ha trasladado a la Fiscalía del Supremo que estudia si pide la apertura de una causa por estos hechos en la que el emérito podría ser investigado.
La defensa también pidió al juez que la empresaria vaya acompañada de un letrado británico de su elección para "salvaguardar los derechos reconocidos por la legislación del Reino Unido a tal efecto" porque "no puede admitirse que la declaración mediante videoconferencia desde la Embajada de España cuente con menos garantías que la ejecución de una OEI (orden europea internacional)", según recoge Europa Press.