El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido en el Tribunal Supremo que abra una investigación al eurodiputado y polemista de extrema derecha en las redes sociales Alvise Pérez por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al haber afirmado un empresario que le dio 100.000 euros a cambio de obtener eventualmente beneficios legales para su sector económico —las criptomonedas— cuando el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) tuviera cargos públicos. Al ser eurodiputado, tiene que ser el Supremo el que lo investigue y no puede hacerlo la propia Audiencia Nacional.
En audios publicados a la prensa de conversaciones entre el empresario, Álvaro Romillo, y Alvise, el fundador de SALF se comprometió a promover leyes favorables a las criptomonedas si se convertía en la llave para un eventual gobierno español de coalición entre PP y Vox. En esta campaña presuntamente financiada con dinero del empresario, Alvise Pérez obtuvo más de 800.000 votos, con los que consiguió tres escaños en el Parlamento Europeo.
"Indicios sólidos" de responsabilidad penal
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal del eurodiputado, y pide también al Supremo que investigue al empresario y a Alvise de manera conjunta al apreciar una “íntima conexión” en la dinámica de comisiones entre los dos, porque son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”. En el caso del empresario Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una "actividad activa de donación o de aportaciones ilegales", que castiga a quién librara donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
Alvise no fue a declarar a la Audiencia Nacional
El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión después de que el pasado octubre admitiera a trámite la denuncia. Cuando abrió pieza separada, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 indicó que "los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos". En aquel momento, el instructor ofreció al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta que declarara de manera voluntaria el noviembre pasado, pero finalmente el político de extrema derecha no acudió.